El 24 de julio de 2020, en plena pandemia, la Guardia Civil tomó la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tras haber procedido a la detención, entre otros, de su presidente, Juan Gual de Torrella. La intervención fue autorizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, con el aval de la entonces fiscal anticorrupción, Laura Pellón, actualmente destinada en la Fiscalía Europea y, por tanto, ya fuera de la investigación directa del caso.

Dos años y cinco meses después, el caso Puertos, denominación oficiosa que se le da a un número indeterminado de piezas judiciales, permanece en su mayor parte bajo secreto. Esto significa que nadie, salvo la juez, la Fiscalía y los agentes policiales adscritos a las pesquisas, sabe qué personas, empresas o instituciones se encuentran afectadas.

Hasta el momento tan solo se han aireado parcialmente los expedientes relativos a la concesión supuestamente irregular de un puerto en Mahón a la asociación de empresas Asmen y al presunto arreglo del concurso del Club Náutico de Ibiza. Del resto de la investigación no se sabe, por no saber, ni de cuántas piezas consta. Algunos medios, como el diario Última Hora, hablan de nueve, lo que, de ser cierto, supondría una enmienda casi total a la gestión de la APB del último lustro y medio.

La prolongación del secreto de sumario un mes tras otro desde que se inició oficialmente la investigación en abril de 2020 hasta el pasado 6 de diciembre (fecha del último auto judicial en tal sentido) «no tiene precedentes», en palabras de Eduardo Valdivia, abogado defensor de Juan Gual, quien cifra en nada menos que 32 las prórrogas de esta medida «extraordinaria» que impide a los investigados conocer de qué se les acusa en las piezas cuyo contenido no ha sido revelado. 

Tanto los autos de prórroga que la juez Mora dicta de forma reiterada como los recursos de la defensa invocan los mismos recurrentes argumentos, a veces con idénticas palabras. Se han convertido, con el paso del tiempo, en una pura rutina.

 La magistrada aduce, como razones principales que justificarían el secreto de la investigación, la cantidad ingente de documentos incautados en la operación del 24 de julio de 2022, la falta de colaboración de algunos testigos y los escasos medios de los que disponen la administración de justicia y «la fuerza actuante», es decir, la unidad orgánica de policía judicial de la Guardia Civil. Valdivia responde que esa falta de recursos nos es algo que incumba a los investigados y denuncia que el caso Puertos es una «investigación prospectiva» basada en la recogida «indiscriminada» de documentos.

«Dicha investigación de volúmenes tan desmedidos y difusos, que, a su vez, requiere de ese pertinaz secreto de las actuaciones desde hace más de dos años, es la evidencia de la patología de inconstitucionalidad del presente procedimiento con palmaria vulneración del principio de intervención indiciaria», añade.

La juez de instrucción cuenta, de momento, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Palma, que ha desestimado todas las apelaciones de la defensa, y rechaza de plano la tesis de la «causa general».  Recalca, en este sentido, que en su día fue necesario adelantar la operación y realizar el registro debido a filtraciones que podían frustrar el caso.

 En el mes de mayo de este año, el juzgado reveló que habían tenido que utilizar «instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal para obtener determinada información de entidades con obligación de colaborar con la Administración de Justicia», así como que en los meses de abril, mayo y junio del  año anterior se acordaron «determinadas diligencias de investigación esenciales que precisan del auxilio internacional».

El hecho de que todavía no se haya obtenido respuesta a esta solicitud de información –a pesar de que ha pasado más de un año y medio–  es uno de los elementos en los que la magistrada sustenta la necesidad de mantener gran parte del sumario bajo secreto.

También destaca que algunos de los investigados han seguido trabajando en la APB tras su detención (los funcionarios Armando Parada y Fernando Berenguer, hasta su jubilación) y, en consecuencia, podrían obtener documentación sobre el caso si las diligencias estuvieran abiertas a las partes.

Aunque no todos los abogados de los imputados recurren las prórrogas del sumario, la postura general de las defensas es la de que la investigación se está alargando de forma indebida debido a la falta de concreción en sus objetivos, lo cual, en su opinión, atenta contra la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe las investigaciones prospectivas sin una base indiciaria.

También ha trascendido en medios jurídicos una cierta falta de interés de la Fiscalía Anticorrupción por «empujar» el caso desde que Laura Pellón dejó el cargo y fue sustituida por Juan Carrau. Tanto es así que  varios interrogatorios de testigos claves se han llevado a cabo sin la presencia en la sala del representante del ministerio público.

EL ORIGEN

El caso Puertos tiene su origen, al menos en parte, en una denuncia del abogado madrileño Francisco Javier Jiménez Cisneros de Cid ante la Fiscalía Anticorrupción registrada en septiembre de 2018, la cual fue ratificada ante la juez Mora el 10 de diciembre de 2020.

En esta última comparecencia, de la que consta una copia grabada en una de las piezas cuyo secreto ha sido parcialmente levantado, Jiménez Cisneros denunció irregularidades de la Abogacía del Estado en Baleares, y en general de la entonces cúpula directiva de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

Este letrado es socio y avalista de Club Básico 12 Millas, la entidad que se presentó al concurso (en realidad competencia de proyectos) del Club Náutico de Ibiza, cuya legalidad cuestiona la investigación. En su día fue también asesor jurídico de la propia APB, de la que recibió encargos por valor de unos 120.000 euros.

La Guardia Civil ha hallado indicios de que el Club Básico 12 Millas podría haber negociado su retirada del concurso, así como el desistimiento de un contencioso interpuesto contra la APB, a cambio de dinero. Los representantes de  esta empresa lo han rechazado de plano, pero los testimonios de los directivos de la APB imputados y los pinchazos telefónicos realizados por la Benemérita demuestran que los contactos entre las partes existieron.

1,34 TB DE ARCHIVOS QUE ANALIZAR

La intervención de la Guardia Civil en las distintas sedes de la Autoridad Portuaria de Baleares se saldó exactamente con la incautación de 690 GB de datos en terminales telefónicos, 50 GB en tabletas, 61 GB Surface, 207 GB en concepto de copias de seguridad y correspondencia electrónica y 265 GB en ordenadores de sobremesa. Es decir, un total aproximado de 1,34 TB de información que está siendo analizada desde hace más de dos años y medio.

La cantidad de documentos incluidos en las memorias de los teléfonos se traduce en 12.034 registros de calendario, 28.374 registros de contactos, 7.703 SMS, 5.993 archivos de audio, 14.663 archivos de vídeo, 522.072 mensajes de Whatsapp y 506.972 imágenes.  La juez aduce, entre otras razones, la dificultad que entraña procesar toda esta información para prolongar el secreto del sumario. La defensa de Juan Gual considera que la investigación es «prospectiva». 

EL APUNTE | ELENA PIPÓ

Los plazos de la Justicia

Al cierre de este año 2022 hay que empezar a considerar que sea noticia el hecho de que no se sepa nada del caso Puertos. Parece ser que no existen precedentes en Baleares de un secreto de sumario tan prolongado. La intervención de la Autoridad Portuaria se produjo en el verano de 2020 y de momento sólo han trascendido algunos aspectos de dos de las indeterminadas piezas de la causa judicial.

La juez está en su absoluto derecho de proteger la confidencialidad de la investigación, y de momento ha encontrado el aval de la Audiencia Provincial, pero no es menos cierto que dos años y medio de continuas prórrogas podrían estar afectando al también legítimo derecho de los investigados a saber de qué tienen que defenderse. 

Cabe confiar en que, más pronto que tarde, se concrete la verdadera dimensión de un asunto que ha generado una gran incertidumbre. No hay que olvidar que el secreto de las actuaciones mantiene también paralizados muchos aspectos de la necesaria gestión portuaria.