El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual, declarará mañana en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en relación al sumario por el concurso y adjudicación del Club Náutico de Ibiza. Será su segundo interrogatorio judicial en el curso del denominado ‘caso Puertos’, después de haber comparecido por el otorgamiento presuntamente ilegal de más de un centenar de amarres en el puerto de Mahón el 4 de octubre del año pasado.

La magistrada Martina Mora, que incoa la causa, también ha citado a Juan Carlos Plaza, ex director de la APB, y a la abogada del Estado Dolores Ripoll, asesora del organismo portuario, ambos como investigados.

La juez Mora sostiene que existen indicios de un concierto en la concesión del Club Náutico de Ibiza, el cual se habría articulado a través de las bases del concurso. Los técnicos de la APB que han declarado hasta el momento como testigos han defendido, en líneas generales, la legalidad del procedimiento administrativo a pesar de que finalmente fue anulado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Las principales sospechas de la juez se basan en unas conversaciones telefónicas que el entonces presidente de la APB mantuvo con su vicepresidente, Miguel Puigserver, de las que, al parecer, se infiere un presunto trato de favor a la histórica entidad pitiusa.

Los pinchazos revelan, asimismo, que Gual y su interlocutor hablaron sobre una supuesta extorsión de la sociedad Club Básico 12 Millas, que había presentado los recursos contra la adjudicación al Club Náutico de Ibiza. En varias ocasiones, el ex presidente de la APB afirma que dicho club reclama 4 millones de euros por retirar las demandas. Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil demuestran que el vicepresidente Puigserver realizó gestiones para negociar este asunto, si bien no aparece en la parte conocida del sumario (hay otra que sigue bajo secreto) ninguna referencia a que llegara a fructificar pago alguno en tal sentido.

Una circunstancia llamativa de este caso, que en su día dio lugar a la detención y posterior dimisión de Juan Gual, es que la denuncia de origen parte del representante legal de la empresa ahora investigada por la presunta tentativa de extorsión.

Dicho abogado, que había sido asesor de la APB e informado contra la renovación de la concesión del Club Náutico de Ibiza, ha recurrido una gran cantidad de expedientes de concesiones de la APB. En su comparecencia ante la juez Mora puso en duda numerosos procedimientos administrativos y concesiones otorgadas en Puertos de Baleares.

Los abogados de las defensas han alegado en sus numerosos recursos contra el mantenimiento del secreto de sumario que la investigación del Juzgado de Instrucción Número 3 es de carácter “prospectivo”, es decir, una suerte de “causa general” contra la APB y sus dirigentes.

Este argumento busca declarar la nulidad del proceso a partir de los criterios que la Fiscalía General del Estado se autoimpuso en 2013 al considerar que “no deben iniciarse diligencias de investigación sino en virtud de la noticia de la comisión de un hecho concreto que revista los caracteres de infracción penal”. Según esta tesis, el procedimiento resuelto con la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo

La juez de instrucción rechaza de plano este razonamiento y, en los autos donde resuelve mantener parte de la investigación bajo secreto o lo levanta parcialmente, afirma que existen indicios sobrados de delitos de corrupción.