Juan Gual, ex presidente de la autoridad portuaria de Baleares en la pasada legislatura y en la primera mitad de la presente, ha sido formalmente imputado por participar supuestamente en el amaño de una marina en el puerto de Mahón (Menorca).

La titular del Juzgado de Instrucción número 3, Martina Mora, que incoa el caso Puertos, ha levantado parcialmente el secreto de sumario y ha expuesto en un auto las razones por las que Gual y otros miembros de la APB -entre los que se encuentran el ex director, Juan Carlos Plaza, y la antigua asesora jurídica del consejo de administración del citado ente público, María Dolores Ripoll- tendrán que prestar declaración como investigados. Se les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa leve.

La magistrada sostiene, en síntesis, que Gual y su equipo directivo otorgaron la concesión de un puerto deportivo en Mahón a la empresa Marina Asmen de manera "arbitraria" por razones que todavía están siendo investigadas. 

Según consta en el auto de levantamiento del secreo de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen "indicios sólidos suficientes" de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., "no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza"

La adjudicación, apunta la juez, fue "consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca y con los miembros y responsables de la asociación Asmen para que el concurso se adjudicara en todo caso a favor de empresas de Menorca, tras negociar durante meses con dicha asociación los pliegos del concurso y transmitirles, con carácter previo a la aprobación, numerosa información relevante para la licitación que no fue pública ni estaba al alcance de los demás licitadores y que después determinó la adjudicación a su favor".

La magistrada entiende que "ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas".

La empresa adjudicataria se constituyó el 6 de septiembre de 2017 "exclusivamente para concurrir a este concurso que ya estaba publicado, habiendo pactado la asociación con el presidente y el director de la APB dicha constitución".

La adjudicación del concurso investigado a favor de Marina Asmen, continúa el auto, "se materializó con el auxilio necesario e imprescindible de los demás querellados/investigados, por un lado, el director de la APB y los miembros de la comisión técnica, que ‘crearon’ los criterios de puntuación/valoración ad hoc para resolver el concurso a favor de Asmen (no previstos inicialmente en los pliegos), y, por otro lado, la asesora jurídica del Consejo, señora Ripoll, que emitió informes verbales a favor de la adjudicación sabiendo que con ello se estaba apartando del Derecho y de la Ley".

Los investigadores consideran que el funcionario Parada "introdujo en la valoración de algunos criterios reglas de puntuación que no estaban anunciadas en los pliegos y que sólo podían favorecer a Asmen". "El investigado Fernando Berenguer, aun cuando conocía la existencia de estas irregularidades y la creación de criterios preordenados a beneficiar a un licitador, firmó el informe de la comisión con propuesta favorable al mismo", añade la resolución.

La juez tambien interrogará en calidad de investigados a los resposables de las empresas que formaron la sociedad Marina Asmen.

El auto es susceptible de recurso de resposición, subsidiario de apelación, en el plazo de tres días.

Juan Gual y los funcionarios Plaza, Parada y Berenguer fueron detenidos el 24 de julio del pasado año en una espectacular operación de la Guardia Civil en la que fueron registradas las sedes de la APB en Palma, Ibiza y Menorca, así como diversas empresas y entidades. Todos quedaron en libertad con cargos. El sumario ha permanecido bajo secreto hasta hoy. 

La presidenta Armengol, responsable directa de su nombramiento en 2015,  forzó la renuncia de Gual y puso al frente de la APB al histórico dirigente socialista Francesc Antich, quien recientemente prescindió del director, Juan Carlos Plaza.

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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a un auto que se publica en la fase de instrucción del proceso y, por tanto, es la tesis inicial de los investigadores. Todas las personas nombradas en ella conservan su presunción de inocencia.