Juan Gual, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares investigado por corrupción, remitió el 11 de junio de 2018 un correo electrónico a su director, Juan Carlos Plaza, en el que afirmó: “Quiero dejar está casa libre de estos sujetos… Justos, Mayoles, clubes náuticos…”, en alusión a los empresarios Justo Saura (Menorca), Nicolás Mayol (Ibiza y Formentera) y a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan puertos deportivos. Este mensaje de email forma parte del sumario del caso Puertos, cuyo secreto se levantó parcialmente a finales del pasado mes de junio.

El mensaje, enviado a través de un dispositivo iPhone desde la cuenta oficial de presidencia de la APB,  lleva por título “Justo Saura y entrevista estelar”. En él Gual lamenta que Saura, empresario y presidente de PIMEM en Menorca, haya tratado de “corrupta” en la prensa a la Autoridad Portuaria de Baleares.

“Antes, como lobby sectorial era una difamación, ahora como presidente de la patronal lo traslada a que el empresario menorquín nos considera delincuentes. Le he escrito a Marc y a Héctor como primer movimiento, espero su repuesta”, añade Gual.  El ex presidente de la APB, destituido en 2020 a raíz de su detención, se refiere aquí, respectivamente, a Marc Pons, ex conseller de Territorio del Govern balear y hoy jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, y a Héctor Pons, alcalde de Mahón, ambos del  PSOE.

El correo continúa: “Mañana hablaré con el vicepresidente (de PIMEM Menorca), un importante y solvente industrial, que me confirmará si ésta es la consideración de su federación (es amigo, de momento son movimientos intimidatorios tácticos para que calle de una vez). Podría darse, según vea, que vaya a la colección de la fiscalía, con la gracia añadida de que su nombre estará entre los beneficiarios de las irregularidades que afirma”.

El mensaje se envió un mes después del presunto amaño del concurso de Marina Asmen, en Mahón, origen de la investigación judicial a la APB por la que el 24 de julio de 2020 se procedió a la detención de Juan Gual, Juan Carlos Plaza, dos funcionarios de Puertos y un miembro de su consejo de administración. Se trata de una prueba clave en el proceso, pues vendría a confirmar la conexión entre la cúpula de la APB y altos cargos del PSOE menorquín (“le he escrito a Marc y a Héctor como primer movimiento”), la existencia de “irregularidades” previas que habrían beneficiado a empresarios de las Isla y la animadversión del presidente hacia los clubes náuticos. Cabe recordar, en este punto, que bajo su mandato desapareció el centenario Club Marítimo Molinar de Levante, al que Gual instó a renunciar a su proyecto de ampliación con la falsa promesa de renovarle la concesión por 50 años.

Según sostiene la juez en su auto razonado de levantamiento del secreto del sumario, la adjudicación de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de 154 amarres y un taller a Marina Asmen en mayo de 2018 fue “consecuencia del acuerdo alcanzado con algunas autoridades políticas de Menorca”. La concesión se otorgó con el rechazo de cuatro consejeros de la APB, dos de los cuales fueron supuestamente “presionados y amenazados” para que cambiaran el sentido de su voto.

La magistrada añade que el concurso público fue manipulado “bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.

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Nota importante: El contenido de esta información no responde a una sentencia firme, sino a la fase de instrucción del proceso. Todas las personas nombradas en ella conservan su presunción de inocencia