
Agentes de la Guardia Civil acceden a la APB en julio de 2020.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó ayer miércoles la financiación de las defensas de sus ex altos cargos imputados en el sumario del caso Puertos. Juan Gual, Miguel Puigserver y Juan Carlos Plaza, quienes ejercieron, respectivamente, los puestos de presidente, vicepresidente y director del organismo público que gestiona los puertos de interés general del archipiélago, podrán acceder a un préstamo de 40.000 euros + IVA sin intereses para pagar sus defensas privadas. En el caso de que sean declarados culpables o pacten una condena con la Fiscalía deberán devolver el dinero; no así si son absueltos o se archivan las causas abiertas.
La propuesta estaba incluida en el último punto (16) del orden del día del Consejo de Administración y fue aprobada por mayoría, con el único voto en contra del vicepresidente del Govern balear, el juez en excedencia Juan Pedro Yallnes, quien alegó que la medida no estaba justificada y consideró que los imputados deberían pagar las defensas de sus bolsillos y solicitar la devolución de los honorarios de los abogados en el caso de resultar absueltos, tal y como está previsto para los miembros del Ejecutivo autonómico. El resto de los miembros del consejo dieron luz verde a este punto tras el informe favorable de los servicios jurídicos de la APB.
En la misma reunión del Consejo se aprobó otorgar la concesión de la marina segregada de lo que en su día fue el Club Marítimo de Mahón (CMM) a la empresa Tanit Port Ibiza, tal y como adelantó en exclusiva Gaceta Náutica el pasado martes. El CMM, que concurría a este concurso con la intención de recuperar la totalidad de sus antiguas instalaciones, cree que las tarifas ofertadas por el ganador están fuera del mercado.
El máximo órgano de decisión de la APB acordó también prorrogar la autorización del Club Náutico de Ibiza hasta que se resuelva el concurso para una nueva concesión temporal, certamen al que, además del propio club, se ha presentado la empresa Puertos y Litorales Sostenibles, una de las sociedades de nuevo cuño que quieren entrar en el negocio portuario. El náutico, al igual que ocurre en Mahón, sostiene que las tarifas de su adversario son tan elevadas que, en caso de ser elegido, provocaría la gentrificación del puerto y la eliminación del último reducto de la náutica social en el puerto de Ibiza.