El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó por unanimidad el pasado 30 de octubre el plan de usos del puerto de Palma propuesto por su presidente, Javier Sanz, después de que el organismo Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, levantara el veto político impuesto a instancias del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB). El portavoz de esta formación en el Parlament balear, Iago Negueruela, llegó a alardear en el pleno de haber frenado el proyecto a través de su influencia en el Gobierno de España.

La modificación portuaria planteada por Sanz y el director de la APB, Antoni Ginard, recupera el uso ciudadano de seis hectáreas en el Moll Vell de Palma, donde actualmente se desarrolla el mantenimiento y reparación de grandes yates bajo la concesión de la empresa Serveis Tècnics Portuaris (STP).

En el nuevo plan, a cuya ejecución se destinará una importante cantidad de fondos públicos, la actividad industrial se ubicará en el Muelle de San Carlos, a los pies del faro de Porto Pi, donde será necesario ampliar la superficie de varada.

Este espacio permitirá eliminar el llamado «mar de plásticos» (los cubrimientos utilizados en los trabajos de pintura de los barcos) de la zona noble del puerto, uno de los aspectos del proyecto en los que el presidente de la APB ha incidido de manera especial en sus diferentes encuentros con representantes de la sociedad civil.

«Esta era una de las prioridades del proyecto y ha sido a la vez el punto que ha suscitado un mayor consenso desde el primer momento. La autorización del plan de usos es una gran noticia no solo para el puerto, sino también para la ciudad, que dejará de vivir de espaldas al mar y podrá disfrutar de usos culturales y educativos en un lugar que actualmente es inaccesible», aseguró Sanz, refiriéndose a una futura escuela de vela y al centro de formación profesional situado actualmente en el Dique del Oeste.

El Moll Vell no tendrá oferta de ocio y, en principio, no se instalaran cafeterías ni restaurantes. Esta condición habría sido impuestas por Puertos del Estado con el fin de que el PSIB pueda vender la modificación como una victoria política sobre el PP.

El nuevo plan de usos, añadió el presidente de la APB, garantiza, por otro lado, la operatividad de las navieras y, con ello, el suministro de Mallorca, cuyos abastos arriban en su práctica totalidad a través del puerto de Palma.