El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó los pliegos del actual concurso del Club Náutico de Ibiza (CNI) sin esperar al resultado de un informe de la Abogacía del Estado que finalmente dio luz verde a prorrogar la concesión temporal de la histórica entidad pitiusa. De acuerdo con este dictamen, que fue comunicado menos de un mes después de la convocatoria del concurso, “la circunstancia de que el título de la autorización de ocupación temporal otorgada al CNI no haya previsto su prórroga no constituye obstáculo que impida su otorgamiento”.  

La decisión de sacar las instalaciones del Club Náutico de Ibiza a concurso por un exiguo plazo de dos años, sin llegar a explorar siquiera la posibilidad legal de una prórroga, ha dejado tras de sí un rastro de documentos que demuestra la precipitación del ente responsable de los puertos de interés general de Baleares.

La APB reconoce lo ocurrido, pero alega en su descargo que la aprobación de los pliegos se llevó a cabo ante el temor a que el dominio público se quedara temporalmente sin gestor. Está claro, sin embargo, que tuvo muy poca paciencia, porque todo el proceso se produjo en menos de tres meses.

Los hechos más relevantes de este episodio se remontan al 30 de marzo de 2022, fecha en la que el Club Náutico de Ibiza solicitó a la Autoridad Portuaria que le prorrogara su ocupación temporal hasta el 5 de mayo de 2024, aduciendo la amortización de una serie de inversiones en el puerto valoradas en un millón y medio de euros. Cabe tener en cuenta que esta ocupación provisional, otorgada el 5 de mayo de 2021, había quedado en suspenso a raíz de la inadmisión, por parte del Tribunal Supremo, de un recurso de la APB contra la sentencia que anulaba la adjudicación de una nueva concesión de 35 años al CNI.

La cuestión es que, al solicitar la prórroga, el Náutico de Ibiza generó dudas sobre su situación jurídica. El director de la APB, Jorge Nasarre, consideró oportuno recabar la opinión de la Abogacía del Estado el 6 de abril de 2022. Exactamente dos meses después de realizar esta consulta (6 de junio), y sin esperar la respuesta, el Consejo de Administración de la APB aprobó las condiciones del nuevo concurso, cercenando el derecho del CNI –reconocido en el dictamen de la Abogacía– a disfrutar una ampliación de plazo que le permitiera recuperar la inversión realizada en el dominio público.

El dictamen favorable a la prórroga fue comunicado a la APB el 1 de julio de 2022, cuando no había transcurrido ni un mes desde la reunión del Consejo de Administración y ya era tarde para volver atrás. En medio de esta desconcertante manera de proceder por parte de la administración, apareció en escena la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PLS), fundada en 2015 y que ya ha conseguido ganar dos concurso de la APB (uno para la limpieza de las aguas abrigadas del puerto de Ibiza y otro para la explotación de una marina en Formentera), la cual pretende hacerse ahora con la gestión del Club Náutico de Ibiza.

La histórica entidad pitiusa, una vez abiertas las plicas del concurso y conocidas las tarifas ofertadas, ha advertido de que, si finalmente se aceptara la propuesta presentada por PLS, los amarres gestionados hasta la fecha por el club se convertirían en los más caros de Baleares, al incrementar en un 400% los precios actuales a partir de los ocho metros de eslora. PLS responde que sus tarifas garantizan el acceso a la náutica social y se corresponden con los precios del mercado en la isla de Ibiza.