La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha jubilado a su jefe de explotación, Fernando Berenguer, y le ha dado un mes para que abandone el piso del Estado que ocupa en el puerto de Palma. El funcionario cuenta con 66 años, pero su intención era seguir trabajando en el ente que gestiona los puertos de interés general de Baleares al menos un año más.

La decisión se tomó antes del 11 de septiembre, si bien no trascendió hasta ayer, en que el propio Berenguer se lo confirmó a varias personas allegadas. Según éstas, Berenguer comenta eufemísticamente que ha sido “ayudado” a jubilarse. La comunicación le llegó de manos del responsable de recursos humanos poco después de mantener una reunión con el actual director de la APB, Jorge Nasarre, y el presidente, Francesc Antich, quienes no le comentaron nada sobre su futuro inmediato. 

La salida de este histórico funcionario, ingeniero de caminos, canales y puertos, que hace años intentó hacer sus pinitos en política como dirigente del partido Union Progreso y Democracia (UPyD), se produce coincidiendo con su imputación en el llamado caso Puertos, por el que en julio de 2020 fue detenido junto al ex presidente de la APB, Juan Gual; el vicepresidente, Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza, y el funcionario (también ingeniero) Armando Parada. A todos ellos se les vincula con amaños de concursos portuarios. El sumario consta de varias piezas, la mayoría de las cuales permanecen bajo secreto.

Berenguer jugó un papel crucial en el inicio de la investigación del caso Puertos, ya que fue quien reveló supuestas irregularidades en la tramitación del concurso de 154 amarres en Mahón a una de los empresarios licitadores, que grabó las conversaciones con el funcionario y se las entregó a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Esto lo convierte, además de en imputado, en uno de los principales testigos de cargo de la acusación, siempre y cuando ratifique la información que facilitó a la empresa denunciante.

El presidente de la APB, Francesc Antich, ya prescindió en su día de Juan Carlos Plaza, que ahora trabaja en los puertos autonómicos. Tanto Gual como Puigserver dimitieron de sus cargos. De momento, Armando Parada es el único de la los investigados por la Fiscalía y el juzgado de Instrucción número 3 que permanece en su cargo.