La APB no reclama los 4 millones que pagó al empresario Bustos

La sentencia del caso Mar Blau señala que la sociedad Marina Formentera consiguió su concesión con información privilegiada que le suministró la propia Autoridad Portuaria de Baleares

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) confirmó el mes pasado que renuncia a reclamar los cuatro millones de euros públicos con los que indemnizó a la empresa Marina Formentera después de que la sentencia del caso Mar Blau considerara acreditado que el consejero delegado de esta sociedad, Angel Bustos, dispuso de información privilegiada para adjudicarse un concurso que posteriormente fue anulado por una negligencia del propio ente portuario.

Un portavoz oficial de Ports de Balears corroboró que no ha habido ni habrá recurso para intentar la devolución de los cuatro millones. «Entendemos que se ha ejecutado la sentencia de forma legal y siguiendo las recomendaciones e informes de la Abogacía del Estado». La APB, según esta declaración, «considera que no se puede reclamar la cantidad mencionada, puesto que significaría un enriquecimiento ilícito a costa del concesionario».  

De acuerdo con el dictamen de la Abogacía del Estado, «no existe perjuicio económico para la administración pública, más bien al contrario», dado que la APB «tuvo que indemnizar al concesionario por unas obras que construyó y que no pudo amortizar al  finalizar la concesión antes del plazo previsto». 

La APB dice que ha salido ganando, ya que «licitó un nuevo concurso (que volvió a ganar Marina Formentera), con las obras ya bajo su titularidad y con unas tasas de salida más elevadas, debido a que incorporó el valor de las infraestructuras a la concesión, por lo que no solo no vio mermados sus ingresos sino que los vio aumentados». «Por tanto –concluye– no ha reclamado ni tiene intención de reclamar cantidad alguna por este asunto».

Tras obtener esta respuesta, Gaceta Náutica indicó al portavoz que entendía que no se habían tenido en cuenta los hechos probados de la sentencia de Mar Blau, a lo que aquél respondió que eso lo dejaba a la «interpretación» del periodista.

La contestación de la APB obvia un hecho incontrovertible y plasmado en una sentencia firme: las «obras» que Bustos no pudo amortizar y por las que fue indemnizado forman parte de una concesión que se obtuvo gracias a un chivatazo de la propia Autoridad Portuaria Baleares, que reconoce una legitimidad de Marina Formentera que la resolución judicial de Mar Blau pone en serio entredicho. 

El tenor literal de la sentencia es que a Ángel Bustos «se le facilitó información confidencial de la Administración [de la que no dispusieron los demás licitadores], obteniendo un conocimiento anticipado del requisito de solvencia que iba a ser exigido en el concurso». El consejero de Marina Formentera supo, entre otras cosas, que la APB pediría a los aspirantes a la gestión del puerto deportivo de La Savina (Formentera) un capital mínimo del que carecía su empresa.    

La sentencia detalla asimismo que  Bustos fue «poseedor» de esta información  cuando las bases del concurso ni siquiera se habían publicado. Él mismo admitió los hechos en una declaración efectuada ante un juzgado de primera instancia. A pesar de las evidencias, el empresario resultó absuelto del caso Mar Blau tras alcanzar un polémico acuerdo con el fiscal Juan Carrau, que aceptó la prescripción de su delito. Los hechos datan de 2002 y se empezaron a investigar fuera del plazo máximo que marca la ley; de ahí la absolución.

El chivatazo, añade la sentencia, fue obra de «personal  de la APB». Los únicos trabajadores que conocían el contenido de las bases del concurso eran los ingenieros Fernando Berenguer, Carlos Sánchez y Ángel Matías. Los dos primeros siguen en activo (Berenguer, de hecho, ocupa un piso público gratis en el puerto de Palma), mientras que Matías, condenado a 9 meses de cárcel por amañar del concurso del Club Marítimo de Mahón, está ya jubilado.

La causa de la indemnización de cuatro millones que la APB pagó a Bustos fue una prevaricación administrativa de Ángel Matías, la cual dio lugar  a la anulación judicial (por la vía contencioso administrativa) del primer concurso de Marina Formentera. 

El organismo portuario devolvió los expedientes de los demás ofertantes (las empresas Formentera Mar y Sonesport) para «evitar o dificultar» que pudieran recurrir el fallo de la Comisión Técnica. 

La sentencia de Mar Blau considera probado que el servicio de asesoría jurídica de la APB, «siguiendo órdenes del entonces director Angel Matías (...), procedió a la devolución forzosa de las ofertas y documentación adjunta a los licitantes» y que, «como consecuencia de dicha devolución, los tribunales no pudieron revisar la ilicitud y arbitrariedad de la adjudicación».
 

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