Los cambios derivados del cambio de gobierno autonómico pueden tardar meses en dejarse sentir en los puertos de interés general de Baleares, dependientes del Estado. La futura presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, tiene la prerrogativa de proponer el nombre del máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), pero, para que eso ocurra, antes tiene que ser investida y luego se ha de dar curso a un trámite burocrático que suele demorarse bastante en el tiempo. La APB no estará renovada, seguramente, antes del mes de septiembre, lo que se traduciría en al menos tres reuniones más del consejo de administración con su actual composición.

Lo normal es que el organismo Puertos del Estado y el ministerio del que depende —en este caso el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— acepten el nombramiento sugerido por la presidencia autonómica. Hasta entonces, la APB no debería, por ley, tomar ninguna decisión de calado y limitarse a cuestiones ordinarias del funcionamiento de los puertos. No está claro, sin embargo, qué clase propuestas entrarían dentro de la consideración de “ordinarias” y podrían someterse a la consideración de los miembros del consejo. En su última reunión, habiéndose ya celebrado las elecciones del 28M y siendo evidente que los partidos de izquierdas del Pacte no podrán renovar su coalición de gobierno, la APB aprobó, por ejemplo, los pliegos del concurso para la gestión del puerto deportivo situado frente a la Lonja, actualmente en manos de un pool de empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones. También ratificó una declaración para que el equipo Ineos de la Copa América pueda disponer de 5.000 metros cuadrados en el puerto de Palma sin necesidad de abrir un proceso de concurrencia.

Varios empresarios del sector náutico han mostrado su extrañeza por el hecho de que la APB convoque concursos tras las elecciones y más aún que los miembros de las patronales que les representan no se hayan opuesto a ello.  El gobierno en funciones tiene limitada su capacidad para tomar decisiones urgentes o de trámite ordinario. Esta exigencia normativa es extensiva a cualquier administración y empresa pública que sea susceptible de ver modificada su estructura por un proceso electoral. La APB no es ninguna excepción.

El PP no ha revelado de momento el nombre de la persona que ocupará la presidencia de la APB, pero sí ha dejado claro que acometerá cambios de calado en su cúpula directiva. Su actual presidente, Jaume Colom, hombre de confianza del conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, llegó al cargo hace apenas unos meses tras la renuncia de Francesc Antich por enfermedad. Este último había sustituido antes a Juan Gual tras su detención e imputación en el caso puertos en 2020.