Juan Gual, ex presidente de la APB investigado en el caso Puertos.
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) acordó en su consejo de administración del mes de marzo ofrecer la financiación de las defensas a su ex presidente, Juan Gual, y al resto de empleados imputados en el caso Puertos hasta una cantidad de 40.000 euros + IVA libres de intereses, según han informado a Gaceta Náutica fuentes del ente público. La posibilidad de acogerse a uno de estos préstamos está supeditada a que los investigados acepten devolver el dinero si son declarados culpables. El acuerdo, de producirse, deberá firmarse ante notario para que la APB pueda reclamar la restitución del préstamo si se dan las condiciones para ello; es decir, si existe condena.
La medida, aun cuando permite acceder a abogados con minutas elevadas, no ha sido del agrado de al menos uno de los altos cargos imputados, que se ha quejado ante varios consejeros de la obligatoriedad de tener que devolver el dinero en caso de condena. El convenio ante notario condicionaría la eventualidad de llegar a acuerdos con la Fiscalía para la reducción de penas a cambio de confesiones, dado que impone el deber de reembolsar el préstamo por leve que sea el castigo; basta que la parte dispositiva de la sentencia señale la culpabilidad del alto cargo o empleado público.
Las fuentes consultadas por GN han informado, asimismo, de que en el mismo consejo de administración de la APB se aprobó la suscripción de una póliza de seguros para riesgos penales, con una cobertura de 3 millones de euros por persona, en la que han sido incluidos todos los trabajadores de la casa, así como los miembros del staff directivo y del consejo de administración. “La prima es importante, pero era algo necesario”, ha indicado uno de los consejeros.
El convenio para las defensa se aprobó con el voto a favor de todos los asistentes a la reunión de marzo y con la ausencia voluntaria de uno de ellos, lo que podría homologarse a una abstención.
El caso Puertos es la mayor investigación contra la corrupción que se está desarrollando actualmente en Baleares bajo dirección judicial y con participación activa de la Fiscalía. El sumario se encuentra en su mayor parte bajo secreto desde la intervención de la Guardia Civil en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares en julio de 2020.
Hasta el momento sólo ha trascendido una de las cuatro piezas separadas (como mínimo) de las que consta la causa judicial, instruida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. En ella se vincula a Juan Gual y al ex director de la APB, Juan Carlos Plaza, con el presunto amaño del concurso de un pequeño puerto deportivo en Mahón a favor de un grupo de empresarios locales. También han sido imputados por este asunto el ex vicepresidente del ente portuario Miquel Puigserver y los ingenieros Armando Parada y Fernando Berenguer. Todos ellos han comparecido ante la magistrada para defender su inocencia y la legalidad de la adjudicación del puerto.
No obstante, la única pieza conocida del caso Puertos parece ser la menos importante si se atiende al último auto dictado por la juez Mora para argumentar la prórroga del secreto de las restantes actuaciones, donde insiste en que el gran número de personas implicadas en la supuesta corrupción portuaria y la enorme cantidad de datos recabados por la Guardia Civil han impedido hasta el momento dar acceso de las diligencias a las defensas de los imputados. El sumario, según revela el auto, consta de 95.045 folios y de archivos digitales (registros de calendario, coctactos, SMS, WhatsApp, vídeo e imágenes) cuyo ‘peso’ asciende a 1,34 TB. En esta misma resolución judicial se informa del inminente levantamiento del secreto respecto de la pieza separada número 3, de la que nada se sabe; lo mismo que ocurre con la 1 y la 2. Tampoco se sabe si hay una quinta.