La Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo ha tramitado 101 expedientes sancionadores a lo largo de 2022 relacionados con infracciones en el ejercicio de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo. Es un 48,53% más de expedientes que en 2021, cuando se tramitaron 68.

Estos expedientes responden, en su mayoría, a dos infracciones administrativas. Una es la realización de la actividad sin haber realizado la correspondiente declaración responsable o sin autorización, siempre que no se cumplan los requisitos legales o reglamentarios para realizar la actividad. Una infracción considerada grave, según establece el artículo 3.3.a de la Ley 2/2015, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas, y que ha motivado la apertura de 51 expedientes a lo largo de 2022.

La segunda infracción más frecuente es la de no llevar a bordo copia de la declaración responsable o autorización, o no mostrarla al funcionario inspector o autoridad que la solicite. Una infracción leve según el artículo 3.2.b de la Ley 2/2015, que ha motivado la apertura de 50 expedientes en el año 2022.

De este centenar de expedientes abiertos, ya hay 44 concluidos que se han traducido en sanciones por un importe de 39.580 euros. En relación a la distribución por islas el 44,55% de los expedientes incoados corresponden a Menorca, el 25,74% a Mallorca, 15,84% a Eivissa, el 11,88% a Formentera y el 1,98% a Cabrera.

Campaña de inspecciones en verano

La Conselleria de Movilidad y Vivienda, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, ha realizado por segundo año consecutivo una campaña de inspecciones de embarcaciones que llevan a cabo la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo en las Illes Balears.

En esta campaña participaron técnicos de la Dirección General de Transporte Marítimo con la colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Regional Aeronaval de Vigilancia Aduanera de las Baleares y de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio. 

Se llevaron a cabo inspecciones durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en Palma, Alcudia, Colonia de Sant Jordi, Sóller, Andratx, Ciutadella, Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Formentera. Se inspeccionaron 72 barcos y embarcaciones y se levantaron 89 denuncias por posibles infracciones administrativas de la normativa autonómica -tanto de la normativa competencia de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, como del resto de competencias del Govern de les Illes Balears-.