La juez del caso Puertos, que investiga el supuesto amaño de concursos en Baleares, ha solicitado una ampliación de información a Puertos del Estado sobre 18 procedimientos de adjudicación llevados a cabo en los últimos años mediante la fórmula de la competencia de proyectos. Las autoridades portuarias objeto de estas indagaciones judiciales pertenecen a las provincias de Las Palmas (5), Valencia (3), Murcia-Cartagena (3), Baleares (2), Pontevedra (1), Melilla (1) y Huelva (1). 

Según consta en una providencia emitida por la juez Martina Mora el pasado mes de diciembre dentro de la pieza separada correspondiente al concurso del Club Náutico de Ibiza, “es preciso ampliar la información sobre algunos de los procedimientos”, al haberse observado “contradicciones” entre la documentación recabada hasta el momento y las declaraciones realizadas por varios testigos e imputados.

Las pesquisas tratan de determinar si existió trato de favor por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) hacia el Club Náutico de Ibiza al licitar sus instalaciones mediante una competencia de proyectos, en lugar de un concurso abierto. El sumario se empezó a instruir a raíz de una querella de la Fiscalía por una denuncia de la empresa Club Básico 12 Millas, sociedad que optó a la adjudicación del puerto que ocupa la entidad náutica pitiusa desde hace casi 100 años.

Los expedientes reclamados incluyen varaderos, silos de cemento y almacenes de hidrocarburos, entre otros. La juez ha pedido que se le remitan “informes, notas interiores, consultas verbales o escritas, recomendaciones, instrucciones de votación verbales y/o escritas” y en general los diferentes pronunciamiento de Puertos del Estado o de sus servicios jurídicos “cualquiera que sea la forma que adoptaran”.

Puertos del Estado ya informó al juzgado de la existencia de varios centenares de competencias de proyectos en todo el país, lo que de algún modo vendría a corroborar la tesis de las defensas en cuanto a que no hubo ventaja para el Club Náutico de Ibiza y, por tanto, no cabe considerar la existencia de prevaricación administrativa. No obstante, la instructora ha considerado que la información entregada está incompleta y ha pedido que le sea ampliada en 18 casos concretos.  

La pieza separada correspondiente al Náutico de Ibiza mantiene imputados a cuatro técnicos de la Autoridad Portuaria, a su ex presidente Juan Gual, al ex vicepresidente Miguel Puigserver, a una abogada del Estado, a dos directivos del club y a un representante del Club Básico 12 Millas, quien a la vez es denunciante. Esto último se debe a que, en el curso de la investigación, la Guardia Civil ha hallado indicios de que esta empresa pudo extorsionar a los funcionarios de la APB y al propio Club Náutico de Ibiza, reclamando dinero a cambio de retirar recursos y demandas.