«Se han tenido que utilizar instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal para obtener determinada información de entidades con obligación de colaborar con la Administración de Justicia». La juez del  caso Puertos, Martina Mora, denuncia en su último auto de prórroga del secreto judicial las maniobras de obstrucción a las que han tenido que hacer frente los investigadores de la Guardia Civil. Varias entidades sin precisar han sido advertidas de las consecuencias penales que se podían derivar de su falta de colaboración. Sólo así se ha conseguido que facilitaran información que, a su vez, ha levantado indicios de posibles conexiones internacionales de la trama en la que se investiga, entre otros, al ex presidente de la APB Juan Gual.

La juez no aporta más datos sobre la naturaleza de las «entidades» ni, por supuesto, del tipo de colaboración que les ha sido requerida, pero sí revela que durante los meses de abril, mayo y junio del pasado año se acordaron «determinadas diligencias de investigación esenciales que precisan del auxilio internacional». El hecho de que todavía no se haya obtenido respuesta a esta solicitud de información –a pesar de que ha pasado más de un año–  es uno de los elementos en los que la magistrada sustenta la necesidad de mantener gran parte del sumario bajo secreto.

También destaca que algunos de los investigados han seguido trabajando en la APB tras su detención (Armando Parada y Fernando Berenguer, hasta su jubilación) y, en consecuencia, hubieran podido obtener documentación sobre el caso si las diligencias estuvieran abiertas a las partes.

La investigación ha alcanzado tal magnitud que el pasado mes de enero hubo que reforzar los equipos destinados a dos de las piezas separadas. La Guardia Civil ha emitido 20 informes parciales relacionados únicamente con parte de la documentación digital y la correspondencia de los imputados. En estos momentos, añade el auto, «se está elaborando un informe final con la información de mayor interés». 

La juez rechaza las tesis expresadas por algunas defensas respecto a que se trata de una investigación prospectiva en la que no se sabe lo que se busca, y recuerda que en su día fue necesario adelantar la operación y realizar el registro debido a filtraciones que podían frustrar el caso.