Fue un anuncio “político” para arrogarse el mérito de la transferencia de Costas a Baleares, pero lo cierto es que mucho antes de que el senador Vicenç Vidal proclamara que había condicionado su voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al traspaso de las competencias del litoral, y obtenido con ello un “éxito para el soberanismo”, la negociación ya estaba en marcha entre el Govern balear y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Vidal, del partido independentista Més per Mallorca, senador por designación del Parlament balear, manifestó el 22 de diciembre de 2021 que “el traspaso de Costas a la Comunidad Autónoma es una victoria soberanista en toda regla y el cumplimiento del Estatut de Autonomía”. Y añadió la gestión autonómica permitiría “hacer frente a la lucha contra el cambio climático”.

Sin embargo, la realidad es que la reclamación de Baleares para gestionar sus costas, como hace de hecho con los puertos no considerados de “interés general”, está siendo objeto de negociación desde “hace casi un año”, según han informado fuentes del Gobierno central, que remarcan que “ni ha empezado ahora ni se hace en dos días”.

Vidal indicó que la reunión donde debe decidirse el traspaso tendrá lugar dentro del primer trimestre de 2022, aunque desde el Gobierno se matiza que “no se establece un plazo tan concreto ni se pone una fecha de caducidad a la negociación”.

Todo apunta a que, en efecto, Baleares contará antes del final de la legislatura con las competencias de Costas, algo en lo están de acuerdo la mayoría de partidos con representación en el parlamento autonómico e incluso las principales asociaciones representativas del sector náutico, si bien todas ellas se muestran recelosas ante la posibilidad de que la gestión recaiga en la Conselleria de Medio Ambiente, en manos de Més per Mallorca, por sus “ataques constantes” a la náutica de recreo.

Jaime Darder, presidente de la Asociación de Navegantes de Recreo (ANAVRE), cree que el traspaso será una buena noticia “si con ello se consiguen agilizar las tramitaciones y hacer que la gestión de la costa funcione mejor”. No oculta su “desconfianza” por algunos asuntos concretos, como el balizamiento de las playas: “Si se ceden competencias a los ayuntamientos, nos encontraremos con una norma distinta en cada municipio. No olvidemos que el año pasado se descubrió un plan para que estas balizas se colocaran más lejos de la costa y así dificultar o impedir el fondeo”.

Yago Fiol, presidente de la Asociación de Navegantes ADN, afirma, por su parte, que no le parece mal la transferencia. «La cuestión de fondo es cómo vienen dotadas las competencias y qué uso se hará de ellas. Con la experiencia que tenemos de la Conselleria de Medi ambient, hay motivos para estar preocupados. Su postura siempre es retrograda y en contra de la realidad y los intereses de la gente del mar”, apunta Fiol.