La dársena del puerto del Molinar, destinada a pequeñas esloras, está vacía.
La Autoridad Portuaria de Baleares vive una crisis institucional sin precedentes. En julio de 2020, el expresidente del ente portuario, Juan Gual, el vicepresidente, Miguel Puigserver; el director, Juan Carlos Plaza, y los funcionarios Armando Parada y Fernando Berenguer fueron detenidos en una espectacular operación de la Guardia Civil en la que se registraron las sedes de la APB en Palma, Ibiza y Menorca, así como diversas empresas. A todos ellos se les vincula presuntamente con amaños de concursos portuarios. El caso puertos consta de cinco piezas, cuatro de las cuales permanecen bajo secreto de sumario.
Han pasado 16 meses desde que estallara el caso y todos los imputados han desaparecido del organigrama de la APB que ahora está presidida por el político socialista Francesc Antich. Sin embargo, las sospechas sobre manipulaciones en las concesiones han provocado que el ente portuario tenga sin resolver desde hace mucho tiempo tres concursos de explotación de puertos deportivos que tienen en vilo a amarristas, empresas del sector náutico y trabajadores de las concesiones.
Uno de los espacios afectados es la marina de levante en el puerto de La Savina en Formentera. La APB convocó en diciembre de 2020 un concurso para su explotación. Al ganador se le concederá una autorización de ocupación temporal por un año prorrogable hasta un máximo de tres. Este puerto deportivo se comercializa en estos momentos bajo la denominación de Nueva Formentera y cuenta con 91 amarres para esloras de ente 9 y 24 metros.
Nueva Formentera está gestionada por Desarrollos Concesionales Insulares (Decoin) que en 2018 obtuvo otra autorización de ocupación temporal y que ha gozado de diversas prórrogas. La última finaliza el próximo 31 de octubre, sin que de momento se tenga constancia de que se va a ampliar el plazo. Además, este es uno de los concursos investigados por la Fiscalía en el llamado caso puertos por presuntos amaños en la concesión.
Para acabar de enredar aún más la situación, Formentera Mar, el antiguo concesionario hasta 2018, presentó una demanda contra la APB por no ampliar su concesión alegando que era un contrato de servicios. La empresa argumenta que su título se transformó en concesión con el cambio legal de 2003 y que ni siquiera el departamento de explotación de puertos es capaz de distinguir una figura de la otra. La citada demanda aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).
GRANDES ESLORAS
La incertidumbre también afecta a las grandes esloras y a lo que debería ser un negocio muy lucrativo vinculado al lujo y a Ibiza. El Consejo de Administración de la APB acordó sacar a concurso público la gestión de los amarres para embarcaciones de gran eslora en la dársena de Levante del puerto de Ibiza en octubre de 2020 tras la declaración de caducidad de la concesión que ostentaba la empresa YSM Marinas y Puertos España SL que, bajo la marca Sovren Marina, llegó a acumular una deuda de más de 5 millones de euros con el organismo público portuario.
La dársena de Levante del puerto de Ibiza en 2019.
En abril de 2021 se abrieron las plicas del concurso al que se habían presentado tres empresas: Marina Sa Riba, Puerto deportivo Botafoch e IGY Gestora de Marinas Spain. Esta última empresa fue excluida inicialmente del proceso porque sus avales no incluían el IVA de la inversión pero IGY Gestoría de Marinas Spain presentó un recurso que fue aceptado por el Consejo de Administración y vuelve a optar a la explotación de la dársena. El ente portuario tuvo que rectificar tras un informe de la Abogacía del Estado que considera como un error ‘subsanable’ la no inclusión del IVA en las garantías de las licitaciones.
Desde entonces, los licitantes no han tenido más noticias sobre el concurso y, de hecho, la dársena de Levante ha permanecido prácticamente vacía todo el pasado verano con excepción de algún megayate que ha podido atracar en el puerto gracias a una autorización puntual otorgada de forma directa por la APB a través de un consignatario.
EL MOLINAR
El caso más sangrante es el del puerto del Molinar. En verano de 2020, la APB dinamitó la continuidad del Club Marítimo Molinar, una entidad con más de 100 años de historia, y convocó un concurso público para gestionar la dársena des Caló d’en Rigo en el Puerto de Palma. En octubre de ese mismo año se procedió a la apertura de plicas y se supo que cinco empresas optan a gestionar los amarres y el que era el edificio social del club que podrá albergar un bar o restaurante.
Las empresas que aspiran a esta concesión son J2 Sailing Services S.L., Dega Investments S.L., Palcadar S.L., Gestió Nautica Cinc Illes S.L. y Nautic Assets Developers Team S.L. La primera, J2 Sailing Services S.L., fue inicialmente eliminada para ser después readmitida por la APB debido a defectos de forma en los avales.
El hecho es que un año después, el concurso sigue sin resolverse y la dársena del Molinar permanece vacía a la espera ser ocupada por embarcaciones.