La sospecha sobre la existencia de una trama dedicada a la extorsión y el chantaje en los puertos de Baleares ha cobrado fuerza tras el interrogatorio de los imputados en el sumario que investiga irregularidades en la adjudicación de concesiones por parte de la Autoridad Portuaria. Las declaraciones han aflorado al menos tres episodios de presuntos chantajes a directivos de la APB, al Club Náutico de Ibiza y a una asesora jurídica de Ports de Balears. 

Uno de ellos ya era objeto de investigación por parte de la Guardia Civil antes de la comparecencia de los imputados y, de hecho, aparece recogido en el auto de levantamiento parcial del secreto del sumario de la pieza separada referente al Club Náutico de Ibiza. Dicha resolución revela que el juzgado está indagando si la empresa Club Básico 12 Millas, licitante en su momento del concurso de Club Náutico de Ibiza, habría exigido el pago de una elevada cantidad de dinero a la histórica entidad pitiusa y a la APB a cambio de abandonar el concurso y retirar las demandas interpuestas. 

El informe de la Guardia Civil, de cuyo contenido han informado diversos medios, recoge conversaciones en las que el ex presidente de Ports de Balears, Juan Gual, y su entonces vicepresidente, Miguel Puigserver, se refieren a este presunto chantaje. Los pinchazos telefónicos descubren que la APB mantuvo contactos con un representante del Club Básico 12 Millas, aunque no determina si llegó a producirse pago alguno. 

El segundo caso de supuesta extorsión también guarda relación con el expediente de Ibiza y fue desvelado por separado en los interrogatorios de Juan Gual y el ex director de la APB, Juan Carlos Plaza. El primero dijo a la juez que un constructor había ofrecido la retirada del Club Básico 12 Millas del concurso siempre que el Club Náutico de Ibiza le otorgara las obras. Al ser preguntado por cómo había tenido conocimiento de este chantaje, Gual se remitió a una conversación con su entonces director, quien confirmó la versión. El hecho no fue denunciado en su momento porque, según Plaza, la elección del proveedor de las obras era algo que concernía al concesionario y no a la APB.

La declaración más sorprendente fue, no obstante, la de la abogada del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, de parte de la cual se hizo eco el diario Última Hora en su edición del pasado 21 de septiembre.

Ripoll manifestó que un empresario balear le pidió que, en su condición de abogada de la APB, informara a favor de otorgarle un parking en una zona portuaria. Como contraprestación, el mismo abogado que ha representado a Club Básico 12 Millas retiraría una serie de quejas y denuncias que había interpuesto contra ella en la Abogacía del Estado y ante el Defensor del Pueblo, donde la acusaba de falta de imparcialidad. 

Dolores Ripoll no se prestó al supuesto chantaje y el aparcamiento en suelo público fue finalmente adjudicado a una tercera empresa.

El relato de la abogada del Estado no escatimó detalles. Dio nombres, fechas y, lo más significativo, aportó pruebas de haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares, al considerar que podían ser constitutivos de delito. La denuncia, sin embargo, cayó en saco roto.

VÍNCULO

El denominador común en los tres casos es el vínculo de las empresas presuntamente extorsionadoras con el abogado que ha estado detrás de la mayoría de recursos y demandas presentadas contra la Autoridad Portuaria de Baleares en los últimos años y que ha jugado un papel determinante en la apertura de la investigación del caso Puertos, ejerciendo como denunciante y presentándose como víctima. 
Ripoll, de acuerdo con la información de Última Hora, «cuando se incorporó como asesora del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària en 2016, se encontró con que se habían adjudicado numerosas consultorías ‘a dedo’ [con dicho letrado], por las que habría cobrado más de 100.000 euros». 

La abogada del Estado, a quien la juez de instrucción imputa haber validado las bases de un concurso para beneficiar al Club Náutico de Ibiza, sostiene que puso coto a estas contrataciones «y que, a partir de ese momento, [el referido letrado] comenzó a interponer demandas y denuncias en su contra».

El secreto del sumario del caso Puertos ha sido prorrogado para todas las piezas en las que no había sido levantado. Se desconoce el número de expedientes que están siendo objeto de investigación.