El Club Nàutico de Ibiza (CNI) tiene el soporte de toda la sociedad balear para renovar su concesión. Así se desprende de la proposición no de ley aprobada el pasado 9 de septiembre por el Parlament Balear en la que, a instancias del Partido Popular, se reconoció por unanimidad de todos los grupos el arraigo social y el valor histórico de la entidad. En el documento se emplaza al Govern de les Illes Baleares y a Puertos del Estado a que garanticen la continuidad del club y se evite, de este modo, que el puerto caiga en manos de especuladores.
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tiene que decidir si prorroga la concesión del CNI por un período de 30 años o adjudica las instalaciones a la empresa Club Básico 12 Millas, constituida como entidad deportiva sin ánimo de lucro el pasado mes de junio y de la que, curiosamente, es socio y avalista un asesor privado de Puertos del Estado que en el año 2009 realizó un informe contra la renovación de la histórica entidad pitiusa. En este dictamen, por el que la APB pagó 17.000 euros, dicho asesor, el catedrático a tiempo parcial Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, adujo que la náutica de recreo es una actividad «suntuaria» que no puede considerarse estratégica.
Cabe recordar, contra este argumento, que la mitad de los ingresos de la APB provienen del sector náutico recreativo y que los datos que lo corroboran fueron ocultados durante años a la opinión pública por los antiguos gestores del organismo portuario, la mayoría de los cuales se encuentran imputados por presuntos amaños de concursos en el sumario del caso Mar Blau. El Club Náutico 12 Millas, que carece de logros deportivos y masa social, afirma contar con el apoyo técnico de una potente constructora gallega llamada Copasa.
Los representantes parlamentarios de Baleares no dudan de que la intención de Club Básico 12 Millas y Copasa es obtener «rédito económico», frente al modelo social del Club Náutico de Ibiza, fundado en 1925 y centro neurálgico de la actividad marinera de Vila a lo largo de los últimos 90 años.
El diputado Vicent Serra, en nombre del PP, destacó que 12 Millas «no tiene raíces ibicencas» y denunció la presencia de Jiménez de Cisneros entre sus valedores.
El socialista Xico Tarrés explicó, por su parte, que el CNI podrá mejorar sus antiguas instalaciones en cuanto la APB le otorgue la nueva concesión, en respuesta a unas alegaciones presentadas por los promotores de 12 Millas donde denuncian que el puerto se encuentra en mal estado.
Podemos, Ciudadanos, Més y Més per Menorca votaron también a favor de la proposición no de Ley y criticaron sin ambages los criterios «mercantilistas» de la APB. El menorquín Josep Castells (Més) sacó a colación «el grave perjuicio social» que supuso para Menorca la adjudicación de los amarres del Muelle de Levante a la empresa Trapsa Yates en detrimento del Marítimo de Mahón.
Més reclamó que en los procesos de selección de concesiones de dominio público se tenga en cuenta el rendimiento social, no sólo el económico, mientras el parlamentario de Podemos Aitor Morrás, ibicenco, consideró que el CNI es una entidad «interclasista» que cuenta con «cuotas populares para sus socios» y cuyos amarres son en su mayoría para barcos de menos de 9 metros.
Asimismo destacó que el club destina sus excedentes económicos a la formación náutica de numerosos niños y a realizar actividades de integración de personas con discapacidad, a través del programa denominado «Un mar de posibilidades».