La Comisión Europea (CE) ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) multar a España con 46 millones de euros por su «deficiente» recogida y tratamiento de las aguas residuales en diecisiete núcleos urbanos entre los que, curiosamente, no está incluida Palma de Mallorca, ciudad en la que Gaceta Náutica ha descubierto recientemente bacterias marinas provocadas por el vertido de aguas residuales. La medida pone de manifiesto la importancia que la UE da al problema de la contaminación marina, frente a la dejadez generalizada de las administraciones españolas. 

Según ha podido saber Gaceta Náutica, la empresa municipal de alcantarillados (Emaya) retomó a mediados de octubre los vertidos de aguas residuales a través del emisario de Ciudad Jardín, tras un periodo de inactividad, a pesar de las fundadas sospechas científicas de que podrían ser los causantes de la aparición de una colonia de cianobacterias que está afectando a una pradera de posidonia oceánica, especie protegida cuya regresión en las islas es reiteradamente atribuida por el gobierno autonómico y las asociaciones ecologistas que le son afines al fondeo con ancla.  

El Gobierno de Baleares no ha anunciado ninguna medida encaminada a mejorar el saneamiento de las aguas residuales a corto plazo

En declaraciones al diario Última Hora, un portavoz de Emaya reconoció el mes pasado que el saneamiento del agua en Mallorca no es el idóneo, si bien no descartó que la contaminación se deba al trasiego de los barcos en la zona, una hipótesis que ignora el hecho de que los tapetes de bacterias detectados por esta publicación se encontraban situados a pocos metros de la desembocadura del emisario. 

Bruselas lleva años insistiendo en que las autoridades autonómicas españolas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean «debidamente recogidas y tratadas» con el objetivo de prevenir «riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente», según recoge la agencia Efe.

La directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales establece que los Estados miembros deben garantizar que las ciudades y urbanizaciones recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas «para evitar que queden contaminadas por bacterias y virus nocivos». Estas aguas, añade, «también contienen nutrientes como nitrógeno y fósforo capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida», tal y como científicos de la UIB han certificado que está ocurriendo en la Bahía de Palma.

Desde que Gaceta Náutica reveló la presencia de las bacterias marinas, noticia de la que se hicieron eco otros medios nacionales e internacionales, el Gobierno de Baleares no ha anunciado ninguna medida encaminada a mejorar el saneamiento de las aguas residuales a corto plazo. La inversión necesaria para revertir esta situación mediante reforma de las viejas y obsoletas depuradoras se estima en unos 200 millones de euros.