Hay un dato que explica de manera resumida la importancia vital del transporte marítimo en Baleares: el 90% de todo lo que se consume en las islas entra por los puertos. La cadena de suministro de alimentos y material de todo tipo (incluido el sanitario) está garantizada por dos compañías privadas, las navieras Trasmediterránea y Balearia. De su operatividad depende en estos momentos que haya comida en los supermercados y que, por ejemplo, los hospitales y clínicas del archipiélago reciban el material necesario para combatir el coronavirus y proteger a sus sanitarios. Nunca la relevancia de los puertos se había hecho tan patente para los ciudadanos ajenos al mundo marítimo. 

La dependencia balear del producto foráneo es superior a la de otras islas del Mediterráneo, como Malta o Córcega, porque hace 30 años se optó por el monocultivo de los servicios, dejando a un lado la industria y la agricultura. Hoy sólo sobreviven en Baleares un sector primario residual, la construcción y los astilleros, reconvertidos en centros de mantenimiento y reparación. 

La crisis del coronavirus ha aflorado el carácter estratégico del transporte marítimo en un momento nada boyante para las navieras, que han tenido que acometer ajustes con el personal de tierra (al quedar prácticamente paralizado el transporte de pasajeros, salvo casos excepcionales) y las tripulaciones de los buques que han dejado de operar. La situación, según informan fuentes internas, es más delicada de lo que se trasmite. Escasea la liquidez para pagar combustible o hacer frente a los costes elevados de la estiba y las ayudas públicas recibidas son simbólicas o inexistentes, dependiendo de la administración competente.

El Govern balear acordó el pasado 20 de marzo suprimir las tasas en el único puerto comercial que gestiona, el de Son Blanc en Ciutadella, mientras dure el estado de alarma. La medida es una muestra de buena voluntad del ejecutivo autonómico, pero su influencia es mínima en el conjunto de Baleares si se tiene en cuenta que la mayor parte del tráfico marítimo de mercancías se desarrolla en instalaciones dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que a su vez está supeditada al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Fomento) y a las férreas directrices de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. 

El consejo de administración de la APB no tiene potestad para suprimir temporalmente las tasas de señalización marítima (T0), estancia en puertos (T1), pasaje (T2) y mercancías (T3) que pagan las navieras. Sólo el Gobierno central podría dar una orden en ese sentido y, según las fuentes consultadas, «nada indica que vaya a hacerlo a corto plazo». 

De este modo, las navieras que garantizan el suministro del archipiélago balear no están siendo bonificadas en ninguno de sus cinco puertos principales (de interés general): Palma, Mahón, Ibiza, Alcúdia y Formentera. El apoyo hecho público por el Govern se limita, dado el escaso alcance de sus competencias en la materia, al tráfico de mercancías en el puerto exterior de Ciutadella; o lo que es lo mismo, a las tres operaciones  semanales de Balearia en esta localidad menorquina.