La batalla contra el coronavirus se libra en los hospitales y, en el caso de las islas o ciudades situadas fuera de la península, como Baleares, Canarias Ceuta y Melilla, también en los puertos. La dependencia del tráfico de mercancías por mar en estos territorios es total. En Baleares significa el 90% del consumo. La comida y otros productos de primera necesidad siguen llegando a las estanterías de los supermercados a diario gracias a que las compañías navieras mantienen su actividad.  

La situación de estas empresas, como ya adelantó Gaceta Náutica en su última edición impresa, empieza a ser crítica. Balearia y Trasmediterránea han dejado de transportar pasajeros desde que se declaró el estado de alarma. Más de 450 trabajadores se han visto afectados por los expedientes de regulación de empleo temporales debido al descenso de la demanda que ha supuesto la anulación de rutas y paralización de embarcaciones.

Fuentes de ambas compañías aseguran que el abastecimiento está garantizado, pero entienden que los gobiernos central y autonómico deberían contribuir a la reducción de los costes que soportan las empresas mediante la eliminación de las tasas portuarias (medida que únicamente se ha adoptado en el puerto exterior de Ciutadella, en Menorca) y la asunción de las facturas que les libran prácticos, amarradores y estibadores, entre otros.

La petición se basa en el carácter “vital más que esencial” de la actividad que desarrollan y en el hecho de que las autoridades (el Govern balear, a través de Pors IB) han dejado de pagar el 25% que les corresponde por el descuento de residente, toda vez que el transporte de pasajeros no existe debido al confinamiento. Las compañías entienden que ese dinero que se ahorran las autoridades debería destinarse a cubrir los servicios en los puertos, tanto autonómicos (Ciutadella) como de interés general (Palma, Ibiza, Mahón, Alcúdia y La Savina).

Una estimación aproximada de las navieras sitúa el coste que Balearia y Trasmediterránea han tenido que asumir por estos servicios desde que se decretó el estado de alarma en 6 millones de euros. “El Estado no puede ser ajeno a la salud financiera de las empresas que están prestando una función vital para las Islas; deben ayudarlas”, advierte un directivo de una de las navieras citadas.