Las Islas Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana solicitarán al gobierno del Estado que limite la velocidad máxima de las embarcaciones que transitan por Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. De aprobarse la medida, los trayectos entre Baleares y los puertos del levante peninsular verían incrementada su duración entre 4 y 5 horas, según estimaciones de fuentes de la Marina Mercante.

La solicitud, que pretende reducir a 10 nudos la velocidad máxima de los ferris y buques que naveguen por esta zona, fue hecha pública ayer por el conseller de Medio ambiente y Territorio, Miquel Mir, conjuntamente con la consellera catalana de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà; y la consellera valenciana de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, al finalizar la Cumbre Mediterránea por el Clima y el Medio Ambiente, celebrada en Barcelona.

El Corredor de Cetáceos del Mediterráneo cuenta con la declaración de Zona de Especial Protección de Importancia para la Mediterránea (ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.

Con su petición, las tres comunidades apoyan la iniciativa impulsada por Ocean Care y otras organizaciones ecologistas con el objetivo de reducir las colisiones mortales con los cetáceos, el bullicio submarino y el dióxido de carbono. Mir, sin embargo, no informó de las consecuencias que ello tendría el tráfico marítimo entre Baleares y la península, que se vería gravemente ralentizado.

Las navieras no se han pronunciado de manera oficial, al tratarse de un asunto "delicado" por sus implicaciones medioambientales, pero sí lo han hecho a titulo personal marinos mercantes, que advierten de lo que una medida restrictiva de esta índole significaría para la comunicación de Baleares con el resto de España por vía marítima, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías.

Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana acordaron, además, acudir, con una única voz, a la Conferencia sobre los Océanos de la Organización de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) entre el 27 de junio y el 1 de julio de este año.

«Se trata de un escenario inmejorable para que los tres territorios puedan hacer visibles sus propuestas y reclamaciones», aseguró Mir Miquel.