El Govern otorgará a los agentes de Medio Ambiente la facultad de pedir la documentación a los navegantes cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de un delito o cuando, ante una infracción administrativa, sea necesario identificar a las personas que han realizado la infracción.

Así lo recoge el anteproyecto de Ley de los Agentes de Medio Ambiente de las Islas Baleares elaborada por la Conselleria de Medi Ambient i Territori y que en estos momentos se encuentra en exposición pública. El texto elaborado por el departamento de Miquel Mir concede a estos funcionarios la consideración de agentes de la autoridad.

La ley tiene por objeto establecer la naturaleza jurídica, potestades y las funciones de los agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma en Baleares, así como el marco jurídico adecuado dentro del cual tienen que llevar a cabo el desarrollo de las tareas de policía, custodia, vigilancia, inspección y control.

La nueva norma establece que las denuncias de los agentes de medio ambiente “tienen valor probatorio en cuanto a los hechos constatados en ellas y tienen presunción de certeza, previa ratificación en el caso de que los interesados nieguen los hechos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses puedan aportar los interesados”, de esta forma las equipara a las que puedan llevar a cabo un policía.

La ley de los Agentes de Medio Ambiente de las Islas Baleares permitirá a dichos agentes a acceder a los vehículos sujetos a inspección, en este caso las embarcaciones, y permanecer en ellos, “con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio”. La norma establece la obligatoriedad de colaborar con los agentes en el ejercicio de sus funciones que requerirán a de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de negativa a identificarse, desobediencia, obstrucción a su trabajo, agresión o amenaza.

Otra de las novedades de esta ley es que las denuncias de los agentes ambientales pondrán en marcha de forma inmediata el procedimiento sancionador sin que sea necesario, como hasta ahora, dar traslado a los organismos competentes.

El anteproyecto ya ha suscitado el rechazo de los aficionados a la náutica recreativa, que consideran que la Conselleria de Medi Ambient i Territori mantiene una campaña de demonizar a los usuarios del mar. El presidente de la Asociación de Navegantes (ADN), Yago Fiol, considera que esta ley otorga a los agentes unas atribuciones que no les corresponden y “creo que la norma tiene difícil encaje dentro de nuestra Constitución”.

Fiol, abogado de profesión, asegura que no es partidario de identificarse ante un agente de Medio Ambiente. “Yo no le facilitaría mi DNI, que él tome las fotografías que considere, que levante el acta o que llame a la Guardia Civil pero, en caso de que yo no quiera identificarme, ¿qué va a hacer?, ¿me va a detener?”.

El presidente de ADN ha criticado también la campaña iniciada por la Conselleria, que ha habilitado una línea telefónica y un correo electrónico para que los ciudadanos denuncien a los navegantes que, a su juicio, estén provocando daños a la posidonia oceánica. Fiol considera que “fomentar la delación es un sistema horrible de persecución entre ciudadanos. Con la que está cayendo, no es el momento de apretar más a los ciudadanos”.