La Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) formalizará hoy el recurso de apelación contra el archivo de la causa abierta por la negativa de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear a expedientar a Emaya por los vertidos de fecales a la Bahía de Palma.

El sumario fue sobreseído provisionalmente por el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antoni Garcías, quien, a pesar de admitir que los hechos descritos en la denuncia de los navegantes eran ciertos y que, efectivamente, el Govern no había multado los incumplimientos flagrantes de la empresa municipal de alcantarillados contra las normas de saneamiento de aguas residuales, consideró que no había existido prevaricación. Tanto la Fiscalía como Abogacía de la Comunidad Autónoma refrendaron las tesis del juez. La Audiencia Provincial de Palma decidirá ahora si hay que seguir investigando o si, por el contrario, el caso queda cerrado.

El recurso señala que el juez ha sustentado el archivo sin ninguna argumentación jurídica, asumiendo que el problema de los vertidos contaminantes al mar de es de tal envergadura que no se puede resolver a corto plazo. El auto de sobreseímiento destaca que la administración responsable de vigilar y expedientar los vertidos ilegales (en tanto hay emisarios que carecen de permiso) se ha esforzado en poner fin a la situación, planificando inversiones en nuevas infraestructuras.

Los navegantes consideran que este razonamiento no tiene sustento jurídico alguno y representa un agravio para cualquier particular que sí haya sido expedientado por daños medioambientales de mucha menor consideración, sin tener en cuenta sus buenas o malas intenciones.

El juez Garcías tomó declaración a todos los directores generales de Medio Ambiente desde 2003 hasta nuestros días. Entre los citados se encontraba la resposable del área de Territorio y Paisaje de la Conselleria de Medio Ambiente, María Magdalena Pons (Més), quien sostuvo en un informe que “no existen evidencias científicas de que los vertidos de aguas residuales provoquen daños en la posidonia oceánica”. Esta afirmación ha quedado rotundamente desmentida en tres dictámenes emitidos por el Seprona, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto Minero a instancias de otro juzgado de Palma (número 12) que instruye un sumario contra la cúpula de Emaya por delitos contra el medio ambiente y la salud pública en relación a los reiterados vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma.

En este último caso, la investigación ha culminado con la apertura de juicio oral contra la actual regidora de Urbanismo, Neus Truyol, quien fuera presidenta de Emaya en la anterior legislatura. La dirigente de Més per Mallorca alega que nadie ha hecho tanto como ella para frenar los vertidos y atribuye el procedimiento judicial a una persecución política.