Sabían lo que estaba pasando con los vertidos de la Estación de Depuración de Aguas Residuales en la Bahía de Palma, dependiente de Emaya, pero no abrieron ningún expediente sancionador por la contaminación marina, al entender que no era de su competencia.

Este es en resumen el resultado de la comparecencia de los altos cargos de medio ambiente y territorio del Govern balear ante del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, que investiga un supuesto delito de prevaricación por la ausencia de multas contra la empresa pública municipal responsable de la principal depuradora de Palma.

Según los testigos, se trata de una cuestión que atañe al Ayuntamiento de Palma y, en última instancia, al Estado central.

Un informe de la Guardia Civil revela que los vertidos contaminantes se vienen realizando desde hace décadas sin permisos y sin cumplir, en muchos casos, los requisitos mínimos de depuración, lo que habría provocado la destrucción de al menos 500 hectáreas posidonia oceánica, una especie protegida.

Entre ayer y hoy han declarado en el Juzgado diferentes responsables políticos de Medio Ammbiente, desde 2003 hasta nuestros días. El más antiguo de ellos, Ventura Blach (PP), dijo ayer que apenas recordaba las competencias que tenía atribuidas en su día la Conselleria de Medio Ambiente, mientras el ecosoberanista David Abril, que estuvo muy poco tiempo en la dirección general, admitió que, bajo su mandato, no le constaban sanciones a Emaya. Josep Lliteras, que ocupó el cargo en tiempos de UM, no compareció por encontrarse de viaje.

Las declaraciones más relevantes han tenido lugar hoy, en que han desfilado ante el magistrado instructor varios de los más recientes altos cargos del Govern. Luis Corral, director general de Ordenación del Territorio, ha alegado que la depuradora de Emaya es responsabilidad del Ayuntamiento y ha reconocido que su departamento respondió a una solicitud del Estado central relacionada con el asunto de los vertidos. En su opinión, la paralización de la depuradora hubiera empeorado la situación, al no existir otra alternativa para el tratamiento de las aguas residuales. Corral ha defendido que se están llevando a cabo actuaciones e inversiones para paliar la contaminación.

En parecidos términos se han manifestado la directora general de Territorio y Paisaje, María Magdalena Pons (Més) y un jefe de servicio, Bernat Aguiló. Pons es la política que firmó el famoso informe en el que el Govern afirma que no existen evidencias de que los vertidos de aguas residuales y las desaladoras causen daños a la pradera oceánica, lo que contradice por completo la investigación llevada a cabo por el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente.

El juez debe tomar ahora la decisión de si procede contra el Govern por prevaricación o, por el contrario, archiva la causa.

El caso se empezó a incoar a raíz de una denuncia de la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) ante la negativa de la Conselleria de Medio Ambiente a facilitar datos sobre el número de depuradoras sancionadas. Los usuarios del mar recurrieron primero a la Dirección General de Transparencia y posteriormente al juzgado, que consideró abrir una investigación al constatar que, efectivamente, no se había sustanciado ninguna multa contra EMAYA.

En paralelo, otro juzgado de Palma investiga un delito contra el medio ambiente. En este sumario ha declarado como investigada la actual regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol, presidenta de Emaya en la anterior legislatura.