La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha culminado el expediente sancionador abierto en 2021 contra el buque Aldan, de bandera de Liberia, al que se detectó “in fraganti” realizando una descarga de hidrocarburos a unas 150 millas de La Palma gracias al satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA). La resolución confirma una sanción de 550.000 euros, la más elevada que se ha impuesto desde el año 2007, fecha en la que empezaron a operar las aeronaves de ala fija que utiliza Salvamento Marítimo, entidad a la que la DGMM tiene encomendada la prevención y lucha contra la contaminación.

Los propietarios del buque han reconocido la sanción y han renunciado a cualquier acción en vía administrativa contra la misma. 

Los hechos ocurrieron el día 10 de junio de 2021. Un satélite de la EMSA detectó la descarga de hidrocarburo que vertía desde la popa del buque, y que formó una mancha que se extendió por una superficie de 54,971 kilómetros cuadrados. Las imágenes y el resto de las pruebas tomadas por una aeronave de Salvamento Marítimo confirmaron la descarga ilícita en espacios marítimos españoles.

Unos días después, el 13 de junio, cuando el buque navegaba al sur de Cabo de Gata, la Capitanía Marítima de Almería obligó al Aldan a atracar en el puerto de Almería y acordó su retención, imponiendo una garantía de 600.000 euros para que el buque pudiera continuar su travesía y otra garantía de 30.000 euros para hacer frente a los gastos de la aeronave de Salvamento Marítimo en sus labores de observación y control de la mancha. El día 21 de junio se abrió expediente sancionador, que quedó suspendido entre el 9 de agosto de 2021 y el 24 de mayo del 2022 por la investigación abierta por la Unidad de Medio Ambiente de Urbanismo de la Fiscalía General del Estado por posible delito. Finalmente, la Fiscalía archivó las diligencias, pero el procedimiento administrativo ha seguido su curso en la DGMM hasta culminar con la sanción ya citada de 550.000 euros, más los 30.000 indicados.

Este éxito de la Administración marítima es una muestra más de la importancia de la coordinación entre todos los actores que trabajan en la lucha contra la contaminación en el mar, pone de relieve la labor que lleva a cabo la EMSA y la DGMM para prevenir y atajar episodios de este tipo, que contravienen el Convenio Internacional MARPOL y sirve además para advertir y confirmar que el que contamina es perseguido y sancionado.