La actual regidora de Urbanismo de Palma, Neus Truyol, investigada en el caso de los vertidos de aguas residuales contaminadas a la Bahía de Palma, avaló con su firma en marzo de 2016 un documento según el cual no existían en aquel momento “contingencias significativas en relación a la protección o mejora del medio ambiente”, por lo que no se consideró necesario que la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (EMAYA), de la que entonces era presidenta, registrara “ninguna provisión [de fondos] en tal sentido”. 

Apenas un mes después, Gaceta Náutica publicó el primero de una serie de vídeos del emisario submarino de Ciudad Jardín que derivarían en la imputación de la cúpula de la empresa pública municipal por un presunto delito contra el medio ambiente. En las imágenes se aprecia claramente cómo la tubería conectada a la red de alcantarillado de Palma vertía una enorme cantidad de aguas fecales, plásticos triturados y otros materiales a unos 700 metros de una playa urbana.

Truyol, dirigente destacada del partido ecosoberanista Més per Mallorca, alega en su defensa que el problema de los vertidos venía de muy antiguo y que fue precisamente ella quien se puso manos a la obra para resolverlo, cerrando las playas cuando se producían episodios de desbordamiento de la red y reclamando las inversiones necesarias para la construcción de un tanque de pluviales. Sin embargo, el 22 de marzo de 2016 firmó, en su condición de presidenta de EMAYA y junto al resto de miembros del consejo de administración, el resumen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015 donde, literalmente, se niega la existencia cualquier problema con el medio ambiente.

Apartado de medio ambiente en las cuentas de EMAYA presentadas en marzo de 2016.

El apartado 12 de dicho documento, titulado “Informació sobre el medi ambient”, se liquida en dos exiguos párrafos. La situación era tan poco preocupante para la cúpula de EMAYA que, además de declarar la ausencia de “contingencias significativas”, se afirma que “la empresa considera que [aquellas que pudieran surgir] se encuentran suficientemente cubiertas con la póliza de seguro de responsabilidad civil suscrita”.

La realidad medio ambiental de EMAYA, al menos en lo que concierne a los vertidos de aguas residuales, era muy distinta  a lo que refleja el documento firmado por Truyol. Según había denunciado el anterior gerente de la empresa pública, ésta ya acumulaba por entonces un déficit de saneamiento de más de 100 millones de euros y las infraestructuras para gestionar las aguas residuales de Palma estaban obsoletas.

Entre 2003 y 2018 se habían vertido a la Bahía de Palma 10 millones de metros cúbicos de aguas residuales deficientemente tratadas. Ello había ocurrido bajo los gobiernos municipales del PP, PSOE, UM (como socio del Pacte) y Més per Mallorca, en su última etapa. El año con más contaminación fue 2016, con 1,5 millones de metros cúbicos.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) confirmaría más adelante que, tal y como había adelantado Gaceta Náutica a partir de una serie de estudios realizados por la UIB, los vertidos habían destruido una gran cantidad de posidonia oceánica (el 38%), así como que los emisarios carecían de permisos de vertidos.

Definitivamente, en marzo de 2016 existían numerosas” contingencias medioambientales” que debieron reseñarse en el capítulo 12 de las cuentas de EMAYA. Pero, en lugar de describir la tétrica realidad de los vertidos, Neus Truyol y el resto de consejeros dejaron negro sobre blanco que no pasaba absolutamente nada.