La Fiscalía de Baleares solicita una pena de 4 años de cárcel para la actual regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, por los vertidos de aguas residuales contaminantes al mar. El ministerio público sostiene que la dirigente de Més actuó con dejadez ante la situación de las depuradoras públicas y los emisarios que vierten las aguas residuales al mar cuando era presidenta de la Empresa de Aguas y Alcantarillados (EMAYA) de Palma, y también formula acusación por un delito medioambiental contra la ex gerente de la empresa pública, Inmaculada Mayol, y dos técnicos vinculados al ciclo del agua.

Gaceta Náutica reveló en 2016 la existencia de los vertidos contaminantes a la Bahía de Palma mediante una serie de vídeos e informaciones que dieron origen a la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

Apenas un mes antes de estas revelaciones, Neus Truyol firmó un documento oficial (las cuentas de EMAYA correspondientes a 2015) donde se afirma que no existen contingencias medioambientales en esta empresa. Para entonces ya era notorio que los vertidos de fecales estaban causando estragos en la posidonia de la Bahía de Palma, una especie vegetal protegida.

A pesar de la apertura de juicio oral y de las duras conclusiones provisionales de la Fiscalía (no se pueden considerar definitivas hasta que finaliza el juicio oral), el Ayuntamiento de Palma en pleno ha salido en defensa de Neus Truyol y ha afirmado que respeta pero no comparte las tesis del ministerio público. Es la primera vez en la historia del consistorio en que se emite una nota de prensa loando la acción de una regidora formalmente acusada de un delito.

Neus Truyol y su partido, Més per Mallorca, llevan meses viculando el procedimiento judicial de los vertidos a una supuesta persecución política con el argumento de que éstos son un problema endémico que se ha venido produciendo desde mucho antes de que el pacto de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Palma llegara al poder.

Sin embargo, el documento antes citado demuestra que la regidora negó la mayor en las cuentas que firmó en 2015 y no actúo, cerrando las playas urbanas cuando se producían vertidos, hasta que los hechos trascendieron a la opinión pública.