Las numerosas denuncias contra el chárter ilegal en Ibiza han provocado la reacción de las autoridades y la semana pasada se llevó a cabo una operación de control en el puerto y la bahía de Sant Antoni de Portmany que se saldó con 11 propuestas de sanción.

El dispositivo contó con la participación de dos inspectores de la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera; de la Guardia Civil, con una patrulla del Grupo Especial de Actividades subacuáticas (GEAS), una patrulla PAFIF (Patrulla fiscal y fronteras), y una patrulla en tierra; un técnico de la Dirección General de Transporte marítimo y aéreo del Govern de las Illes Balears, la responsable de Delegación de Costas para Eivissa y un equipo del personal de Ports IB constituido por 5 guardamuelles y el jefe del puerto de Sant Antoni.

Inspectores y guardia civil supervisaron las actividades relacionadas con el transporte de viajeros, así como como el fondeo en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello. También se realizad controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones.

Esta iniciativa fue fruto de la detección de un incremento en las operaciones de chárter náutico ilegales que se dan en la bahía de Sant Antoni de Portmany. La entidad proteccionista Salvem Sa Badia denunció a varias “empresas piratas” que operaban frente a la playa de es Pinet, en la de Coves Blanques y en la zona de Caló des Moro.

Estos negocios hacen un uso indebido de la costa y utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas, que pagan por su uso, para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza. Salvem Sa Badia ha evidenciado también que estas embarcaciones, además de hacer competencia desleal a las que tienen su base en la isla, “fondean, en la mayoría de los casos, sobre posidonia y se desconoce dónde vierten las aguas fecales de los depósitos y, aún más grave, cuál es el destino de las aguas de sentina, que contienen agua con restos de combustible y aceite”.

Ante los buenos resultados de esta iniciativa conjunta, las administraciones concurrentes podrían ampliar a diferentes puertos de las Illes Balears operaciones de este tipo con el objetivo de intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal, el uso indebido de la costa, el fondeo sobre posidonia y los vertidos incontrolados en toda la comunidad.repliki zegarków