España quiere tener identificados todos los barcos superiores a 24 metros de bandera rusa o propiedad de ciudadanos de este país por si llega la orden europea de proceder a su inmovilización o decomiso como medida de castigo por la invasión de Ucrania.

Las sanciones se ampliarían, de este modo, más allá de los megayates de los oligarcas próximos al presidente Putin y afectarían también a otras fortunas más modestas.

Gaceta Náutica ha tenido acceso a un correo electrónico enviado por la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo a todos los puertos deportivos y autoridades portuarias de Baleares en el que se requiere información sobre cualquier nave que reúna las condiciones citadas a instancias de la Dirección General de la Marina Mercante.

El mensaje es muy escueto y no explica las razones de la solicitud. Simplemente señala: “Rogamos informen del número de embarcaciones con bandera rusa o de armadores rusos superiores a 24 metros que se encuentren en sus instalalaciones”. La elección del tamaño no es casual, pues la legislación española establece en los 24 metros la linde entre una embarcación de recreo convenvecional y lo que comúnmente se conoce como superyate.

Este periódico informó el pasado domingo de las consecuencias económicas millonarias que la invasión de Ucrania puede acarrear al círculo empresarios que han amasado sus colosales fortunas a la sombra de Vladimir Putin. La Unión Europea ha puesto en su punto de mira los grandes yates propiedad de estos magnates que se encuentran atracados en puertos españoles y cuyo valor se estima en varios cientos de millones de euros.

Una de las naves que podrían verse afectadas por esta medida, de producirse, se halla amarrada en Astilleros de Mallorca, la principal empresa de mantenimiento y reparación de buques de recreo del puerto de Palma. Se trata del Tango, un imponente megayate de 77 metros de eslora propiedad de Viktor Vekselberg, cuyo patrimonio se estima en 8.900 millones de dólares.

Vekselberg, de 64 años, es dueño de un conglomerado de empresas de los sectores del metal, las telecomunicaciones, la tecnología y la energía, y ya sabe lo que es ser objeto de durísimas sanciones internacionales desde que Estados Unidos decidiera incautarle bienes por valor de 1.500 millones de dólares por “actividades maliciosas” en la anexión rusa de la península de Crimea y por injerir en las elecciones presidenciales americanas de 2016. Es decir, por colaborar con su amigo Vladimir Putin en las maniobras desestabilizadoras de los gobiernos occidentales que han desembocado esta semana en la invasión de Ucrania.

Otro de los barcos susceptibles de ser precintados es el Lady Anastasia, de 48 metros, amarrado en Port Adriano y que el sábado pasado fue objeto de un de sabotaje por parte de uno de sus tripulantes, un ciudadano ucraniano que intentó hundirlo abriendo unas válvulas de la sala de máquinas. El autor de los hechos, que fue detenido y posteriormente quedó en libertad con cargos, confesó haber actuado en venganza por la invasión de su país. El Lady Anastasia es propiedad de Alexander Mijeev, director general de la empresa pública rusa de armamento ypersona muy cercana a Putin.

EXTRAÑEZA EN LOS PUERTOS

La solicitud de información cursada por Salvamento Marítimo a instancias de la Marina Mercante ha causado "extrañeza" en varios puertos deportivos, ya que todos ellos están obligados a facilitar la información de cualquier entrada o salida de barcos a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Aduanas y, en el caso de las instalaciones de competencia estatal, a la Autoridad Portuaria de Baleares.

"Las fuerzas de seguridad tienen toda la información de todos los barcos. Esto incluye, por supuesto, la propiedad y el sistema de pago de los amarres en base y tránsito". 

El director de uno de los puertos requeridos ha asegurado a Gaceta Náutica que la bandera rusa no ondea en prácticamente ningún barco de recreo. En el caso de los yates de más de 24 metros, son mayoría los que están a nombre de sociedades radicadas en paraísos fiscales, por lo que difícilmente el puerto deportivo tiene capacidad de confirmar que un determinado yate es o no propiedad de un ciudadano ruso. 

"Otra cosa -señala la fuente- es que el yate tenga su base en Mallorca y puedas saber que el dueño es tal o cual persona porque se comenta por el puerto. Si se trata de un barco en tránsito, es casi imposible saber quién es el dueño".

Fuentes policiales han confirmado que, efectivamente, existe un registro de todos los barcos que atracan en puertos españoles, el cual incluye a todos los rusos "de facto", con independencia de  si están a nombre de sociedades pantalla o testaferros. "El trabajo en la recopilación de estos datos es diario desde hace 14 años".