La patronal PIMEM y la Asociación de Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos (ADNEA) han pedido hoy la retirada inmediata de la competencia de proyectos para una nueva concesión en la superficie situada en la zona sudoeste de los muelles comerciales del Puerto de Palma, instada por la empresa Astilleros de Mallorca, y que se convoque un concurso para la gestión este espacio público.

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha denunciado hoy en rueda de prensa “un pelotazo empresarial por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en la concesión de espacio público en el puerto de Palma al tramitar una competencia de proyectos para asignar 125.000 metros cuadrados por un periodo de 50 años sin que haya concurso”.

Para la patronal, esta competencia de proyectos supone, en la práctica, la asignación “a dedo”  a una empresa. Mora asegura que “es el momento de emplazar a los políticos de Balears a dar la cara por las empresas de Mallorca y no favorecer un monopolio que mueve los hilos desde Galicia. Da igual si se trata de una empresa cuyos propietarios son muy poderosos, o si tiene relaciones directas con puertos del Estado”.

Mora ha admitido que la figura de la competencia de proyectos es legal, pero considera que “está desfasada y anticuada”. Para PIMEM, la ley de contratos públicos de 2017 deja claros ocho principios que, en este caso, no se cumplen. “Ni seguridad jurídica, ni defensa de la competencia, eficiencia, igualdad de trato, transparencia, no discriminación, proporcionalidad e integridad…ninguno se cumple”, ha remarcado el presidente de la Federación.

El gerente PIMEM ha cuestionado también la forma de dar curso a la competencia de proyectos porque la APB tenía la posibilidad de otorgar de uno a tres meses para presentar proyectos alternativos y ha elegido el menor plazo. “Además, se publicó en el BOIB del 29 de diciembre en plenas fiestas de Navidad”, ha remarcado Mora.

PIMEM ha defendido la convocatoria de un concurso público para un nuevo varadero con un modelo abierto porque “el modelo de varadero cerrado se acaba convirtiendo en un monopolio donde una empresa lo gestiona todo. Apostamos por el modelo abierto porque es el que ha permitido la creación de más de 500 empresas, ha generado innovación y ha hecho crecer el sector náutico en los últimos 20 años”.

Mora se ha preguntado si la presidenta del Govern, Francina Armengol; el conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, que está en el Consejo de Administración de la APB y el propio presidente del ente público, Jaume Colom, “van a permitir este pelotazo industrial”.

El presidente de ADNEA, Alex Casares, ha recordado que había una falta de suelo industrial para la náutica en el Puerto de palma. “Tras muchas negociaciones, la APB aprobó una ampliación de espacio y tiempo para el varadero abierto de STP, pero en el mismo Consejo de Administración del ente portuario se coló la competencia de proyectos”.

Casares considera que un proyecto de esta envergadura, que implica una inversión de más de 50 millones de euros y que para presentarlo requiere de un aval de un millón, no se puede hacer en un mes. “Cuando hemos pedido explicaciones en la APB, nos han contestado que esto viene de Madrid”, ha señalado.

El empresario considera que no es la mejor idea poner un varadero cerrado y otro abierto juntos porque la empresa responsable del primero tendría margen para jugar con el precio de sacar el barco del agua y del espacio de varada con el objetivo de eliminar a la competencia.

Por su parte, la miembro de la ejecutiva de ADNEA, Rocío García, ha reiterado que la figura de la competencia de proyectos “es legal con la normativa existente, pero éticamente no es lo más correcto ni lo más justo. Es un asunto de mucho peso y se trata de una concesión a 50 años que determina el futuro del sector náutico”.

Javier Calomarde, miembro también de la ejecutiva de ADNEA, ha manifestado que los empresarios del sector náutico se sienten engañados porque al ser una cuestión de interés general les gustaría que se abriera un debate entre todas las partes interesadas. “Si se otorga un varadero cerrado por medio siglo, las pequeñas y medianas empresas no podremos crecer y nos tendremos que ir a trabajar a la península”, ha afirmado.

El próximo 29 de enero finaliza el plazo otorgado por la APB para presentar planes alternativos para este espacio en los muelles comerciales. Los empresarios adscritos a ADNEA, que están trabajando en un proyecto propio, han solicitado al ente portuario 15 días más de plazo para poder completarlo, sin que, de momento, hayan obtenido respuesta.