La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó la reordenación de los usos del Moll Vell del puerto de Palma con un único informe favorable de los servicios jurídicos del Puertos del Estado, el mismo órgano que ha dado luz verde a la tramitación de la ampliación de la concesión del Real Club Náutico de Palma (RCNP). En este segundo asunto, sin embargo, el director de Ports de Balears, Jorge Nasarre, ha decidido ignorar el dictamen y ha propuesto el archivo del expediente del RCNP con el fin de que sus instalaciones salgan a concurso público. Lo que sirvió en un caso no ha valido para el otro.

Según diversa documentación a la que ha tenido acceso Gaceta Náutica, la APB consideró “conveniente y de interés” solicitar en octubre de 2021 la opinión de la asesoría jurídica de Puertos del Estado sobre “la compatibilidad de la ampliación de las superficies dedicadas a la reparación y mantenimiento de embarcaciones y buques de recreo en los muelles comerciales con los vigentes instrumentos de planificación, delimitación y ordenación del puerto de Palma”. Un mes después, el 5 de noviembre, Puertos del Estado emitió un dictamen que autorizaba la ampliación de espacios para la industria del mantenimiento “hasta determinadas superficies concretas” y consideraba, además, que la reparación de un buque de eslora superior a 24 metros podía entenderse como “uso comercial”.

El plácet de los servicios jurídicos de Puertos del Estado fue más que suficiente para abordar nada menos que la reordenación del puerto de Palma y de las actividades que pueden desarrollarse en la gigantesca explanada del Moll Vell, un asunto que había sido objeto de numerosas alegaciones por impacto paisajístico, incumplimiento del plan de usos y ampliación de las concesiones sin concurrencia. A pesar de la indudable relevancia de la materia y de la controversia generada en torno a ella, la APB no consideró necesario reclamar un segundo informe ni elevar el asunto a la Abogacía General del Estado, lo que sí ha hecho siempre que Puertos del Estado ha informado favorablemente al Real Club Náutico de Palma.

Los servicios jurídicos de Puertos del Estado sostienen, contra el criterio de la dirección de la APB, que no existe impedimento alguno para tramitar la solicitud de ampliación de plazo del Real Club Náutico de Palma, toda vez que su antiguo contrato de servicios debió haberse transformado en una concesión de pleno derecho cuando aquéllos desaparecieron de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante en 2003. No sólo eso: también consideran que el club tiene derecho a que se le otorgue una concesión con carácter retroactivo desde el citado año hasta el 31 de diciembre de 2022.

La Asociación de Clubes Náuticos se Baleares (ACNB) se quejó ayer en un comunicado del “doble rasero” aplicado al Real Club Náutico de Palma en comparación con el concesionario principal del sector del mantenimiento de yates, el cual ha visto ampliados sus plazos y superficies por dos veces en 2017 y 2022, la última de ellas gracias al informe de Puertos del Estado, llegando casi a doblar el tamaño de sus instalaciones. Mientras, el expediente de la histórica entidad deportiva, iniciado en 2015, ha permanecido paralizado durante años y se ha optado por su archivo cuando faltaba apenas un mes para que expirara la concesión.

“¿Es el objetivo de la Autoridad Portuaria de Baleares acabar con los clubes náuticos y con la actividad deportiva que promueven? Si esto es así, que lo diga de una vez y se deje de subterfugios. Que explique a los más de 2.000 socios del Real Club Náutico de Palma las razones por las que, agarrándose a una cuestión semántica, quiere cargarse 132 años de trayectoria y tirar por la borda el gran trabajo en beneficio de la comunidad desarrollado por una de las entidades náuticas más prestigiosas de nuestro país”, denunció la ACNB.