El presidente de Puertos del Estado en 2018, José Llorca, dio su apoyo a los consejeros de la APB que se opusieron con su voto a la adjudicación de un puerto deportivo de 154 amarres y un taller a la empresa Marina Asmen, formada por un grupo de empresarios menorquines. La juez de instrucción y la Fiscalía Anticorrupción consideran que el concurso fue amañado y que la concesión se otorgó de manera ilegal.

La oposición de los vocales Enrique Braquehais (abogado del Estado) y Javier Gesé (representante de Puertos del Estado) provocó el enfado en la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, presidida entonces por Juan Gual y dirigida por Juan Carlos Plaza (ambos imputados), hasta el punto de que fueron presionados y amenazados para que cambiaran su postura en un encuentro a puerta cerrada celebrado antes de la reunión del consejo de administración del 7 de mayo.

Ambos consejeros, sin embargo, se mantuvieron en su tesis de que Asmen no representaba la mejor oferta, ya que ofrecía menos canon de ocupación que sus dos rivales y proponía una plantilla de sólo dos marineros. Se les unieron en la negativa a aprobar la propuesta de resolución el capitán marítimo de Mallorca, José Escalas, y el representante de la administración general del Estado, Vicente Torres. El resto del consejo votó a favor y Asmen obtuvo la concesión. Al terminar la reunión, según sostiene uno de los vocales disidentes, Gual pronunció una frase que vendría a confirmar la injerencia de políticos baleares en la adjudicación: “El Estado contra la autonomía”.

En los días posteriores, Juan Gual contó lo ocurrido al presidente de Puertos del Estado, en busca de amparo, pero éste le respondió escuetamente en un correo electrónico: “(…) Parece que hay razones para el voto negativo. Él, al menos, las considera. Creo que deberíamos analizarlo entre todas las partes. Abrazo”. El mensaje, que forma parte del sumario cuyo secreto ha sido levantado por la juez, lleva fecha del 11 de mayo, es decir, cuatro días después de la adjudicación a Asmen.  

Con posterioridad al consejo, Braquehais y Gesé tuvieron que solicitar la rectificación del acta por no reflejar fielmente, a su juicio, las razones de su rechazo a la propuesta de la comisión técnica. 

Juan Gual y la asesora jurídica de la APB Dolores Ripoll comentaron este tema en una conversación de WhatsApp fechada el 22 de mayo de 2018. Ripoll afirma que ha tenido conocimiento de que Gesé “ha intentado corregir lo de otros” (del acta), a lo que Gual responde: “Lo que conviene es desactivar, y si es a la mallorquina, no pasa nada (…)”.

Según el auto de levantamiento del secreto de sumario, la investigación realizada por el Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil ha constatado que existen “indicios sólidos suficientes” de que la adjudicación de los amarres a la empresa Marina Asmen, S.L., “no fue el resultado de la objetiva y legal valoración de las propuestas presentadas, sino que se trató de una decisión arbitraria del entonces presidente de la APB, Juan Gual, y su director, Juan Carlos Plaza”.

La magistrada sostiene que “ello se produjo bien a cambio de cualquier favor, prestación, merced o similar, bien por un interés político, bien por ambas cosas”.