Un grupo de pequeñas y medianas empresas de chárter (Lista 6ª) ha solicitado formalmente la anulación del acuerdo del BOIB que regula los nuevos concursos públicos para la adjudicación de amarres de alquiler y el uso comercial de rampas en los puertos autonómicos gestionados directamente por Ports IB. La petición, presentada a través de un escrito firmado por un abogado, denuncia que las bases del procedimiento ponen en riesgo la viabilidad de las pequeñas empresas y favorecen la entrada de grandes corporaciones en el sector.

El acuerdo impugnado, que fue publicado el pasado 17 de octubre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), introduce un modelo de adjudicación que, según los afectados, “podría excluir a muchas pymes y autónomos locales”. La agrupación considera que estas medidas suponen una amenaza directa para la continuidad de sus negocios, los puestos de trabajo que generan y el equilibrio del mercado local.

Entre motivos alegados para pedir la nulidad destacan cinco puntos. En primer lugar, las bases del concurso son calificadas como inadecuadas, puesto que priorizan en un 80% la oferta económica, lo que las empresas interpretan como una "subasta encubierta" que beneficia a grandes grupos empresariales con gran capacidad financiera. Aducen, por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro del sector, dado que las condiciones dificultan la planificación a largo plazo y “ponen en peligro los empleos directos e indirectos” vinculados a estas actividades. También advierten de los efectos negativos sobre la competencia, argumentando que el modelo propuesto podría fomentar una sobreoferta en un mercado ya saturado.

Otro de los motivos señalados por la agrupación es la “desaparición del esfuerzo acumulado durante años”, ya que las empresas que llevan décadas consolidándose temen que las nuevas condiciones permitan la entrada de operadores sin experiencia. Por último, denuncian contradicciones administrativas y subrayan que las empresas afectadas han cumplido con todas sus obligaciones fiscales y administrativas, lo que, en su opinión, debería garantizar su continuidad sin someterlas a restricciones adicionales.

Los afectados han expresado su preocupación en un comunicado de prensa donde afirman que “el nuevo procedimiento no sólo pone en peligro la actividad económica de nuestras empresas, sino que también crea un clima de incertidumbre que puede perjudicar a muchas familias. Exigimos que las autoridades revisen este procedimiento y que se den garantías para la continuidad de los negocios locales”.

LAS RAZONES DE PORTS IB

Ports IB, la empresa pública dependiente de la Conselleria del Mar que gestiona los puertos autonómicos, defiende que los amarres de Lista 6ª y 2ª (chárter y golondrinas) no se pueden otorgar de manera vitalicia en el espacio público portuario, pues ello supondría romper el criterio legal de libre concurrencia, y considera que no se debe equiparar la actividad comercial con el uso particular de los amarres.

El sistema actual, afirman fuentes de la empresa pública, es un "parche" que no se puede perpetuar. Consiste básicamente en la renovación anual de los permisos para operar en los puertos de gestión directa e impide la rotación de empresas.