Los navegantes miran con prevención el traspaso de la competencia de Costas al Govern balear que se ha escenificado hoy con la presencia en Palma de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que ha participado junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol en la Comisión Mixta de Transferencias que ha pactado la transición de la gestión del litoral. El traspaso finalmente no se hará efectivo hasta julio de 2023, así que quedan por medio las elecciones autonómicas que decidirán si continúa el actual ejecutivo autonómico o si hay cambios.

Todos los representantes consultados coinciden en que debería ser una buena noticia descentralizar la gestión y acercarla a casa. Sin embargo, dados los antecedentes de actuación de la Conselleria de Medi Ambient, que con toda seguridad será la encargada de su gestión, temen que esta cesión supondrá la llegada de una nueva avalancha de restricciones y prohibiciones que afectarán a la náutica recreativa. Por otro lado, los representantes de los navegantes también se muestran preocupados por la posibilidad de que la Conselleria delegue en cada Ajuntament la gestión de su parte de litoral, lo que puede derivar en una normativa diferente para cada tramo de costa con la inseguridad jurídica que eso supondría para los aficionados a la náutica. El último precedente en este aspecto ha sido el balizamiento y prohibición para la navegación en el Islote de Na Galera, en Palma.

Temas como los fondeos o los balizamientos, así como las diversas restricciones que se puedan arbitrar, pueden verse afectados por la política de una conselleria que ha demostrado durante los últimos años llevar a cabo una gestión basada en la ausencia de diálogo y la imposición de prohibiciones a menudo no suficientemente fundamentadas.

Jaime Darder, de la asociación ANAVRE, explica que la cesión “nos parece una buena noticia a priori pues siempre debería ser bueno descentralizar la gestión y acercarla a casa pero nos genera una gran desconfianza por el hecho de que la gestión quedará enmarcada en la Conselleria de Medi Ambient, que ha demostrado tener una política extraordinariamente restrictiva con la náutica de recreo”. El secretario de la asociación ADN Mediterráneo, Claudio Valldeperas, coincide: “Estamos preocupados porque si va a Medi Ambient, no sabemos qué harán”.  

El navegante y colaborador de Gaceta Náutica Gabriel Dols se basa en los precedentes: “Ya en la sentencia sobre el decreto de protección de la posidonia el juez dejó claro que la Conselleria había actuado de una manera sesgada al implantar una normativa en la que todas las culpas caían sobre los navegantes a través de los fondeos, mientras eludía toda la responsabilidad institucional como en el caso de los emisarios”. Dols considera que “con el tipo de gestión ambiental que se ha hecho en las últimas dos legislaturas basada en la prohibición, sin diálogo, no puede ir bien el tema”.

El presidente de la Comisión de Chárter Náutico de APEAM, José María Jiménez, detalla un aspecto en el que también han coincidido otros de los representantes de los navegantes: “Uno de los peligros que nos preocupan es que la Conselleria delegue en cada ayuntamiento las decisiones sobre su litoral. Eso sería una catástrofe porque nos encontraríamos con una normativa diferente cada pocos kilómetros de costa, lo que generaría una gran inseguridad jurídica pues sería muy difícil saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada zona”.

De momento, todo es una incógnita. Está por determinar la dotación presupuestaria de esta nueva competencia autonómica y cómo se administrarán esos fondos, qué personal se dispondrá y a qué fines se destinará. En cualquier caso, de momento, la prevención, cuando no el pesimismo, es la sensación unánime entre los navegantes.

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