El año pasado, el Govern incoó 64 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo en el conjunto de las Islas Baleares. Una cifra que multiplica por tres el número de expedientes que se abrieron en 2019 (18) y el 2020 (15).

De estos 64 expedientes sancionadores del año pasado, 35 corresponden a infracciones leves, 27 graves y 2 muy graves. En total, durante el año 2021 se han impuesto multas por valor de 77.000 euros. Este 2022, hay 15 expedientes sancionadores abiertos (3 por infracciones leves y 12 por graves) ya sea por actuaciones hechas por los técnicos de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, por denuncias realizadas por la Guardia Civil o a partir de información recibida por otros organismos.

El Govern, en colaboración con la Guardia Civil y otras entidades pone en marcha este verano una nueva campaña de control e inspección de las embarcaciones de recreo para evitar que se lleven a cabo actividades de alquiler náutico sin cumplir con los requisitos legales para poder hacerlo.

Hoy se han reunido a la Consellería de Mobilitat i Habitatge las entidades que participarán en este operativo: Delegación de Gobierno, Guardia Civil, Capitanías Marítimas, Demarcación de Costas, representantes de la Consellería de Medi Ambient y de la Direcció General de Transport Marítim i Aeri del Govern balear, Autoridad Portuaria de Baleares, PortsIB, APEAM y las asociaciones de clubes náuticos y marinas.

Es la segunda vez que se lleva a cabo esta operación conjunta para intensificar la lucha contra los chárteres náuticos ilegales. La primera experiencia se llevó a cabo en 2021.

El objetivo de este ejercicio coordinado es controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de alquiler de embarcaciones de transporte de viajeros, así como los fondeos en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para tal fin. También se realizarán controles de documentación y permisos, así como de los títulos que habilitan los patrones de estas embarcaciones.

Ante los buenos resultados de los dispositivos llevados a cabo anteriormente, el Govern continuará coordinando estas actuaciones en las diferentes islas con el fin de intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal, el uso indebido de la costa y fondeos sobre posidonia.

Esta actuación coordinada entre diferentes organismos refuerza las líneas de control del sector del chárter náutico que viene realizando la Direcció General de Transport Marítim i Aeri del Govern balear. Estos mecanismos de inspección son, por un lado, la realización de inspecciones "in situ" a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, una revisión aleatoria de la documentación presentada de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.

Hay que recordar que en el transcurso de la pasada legislatura se llevaron a cabo diferentes actuaciones en relación con el sector, como por ejemplo la aprobación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, estableciendo la obligatoriedad de una declaración responsable para iniciar los servicios así como la inscripción en el Registro Balear habilitado para tal fin.

Durante el año 2021 había 3.415 declaraciones responsables de chárter náutico en vigor. A 19 de abril de 2022, ya superamos esta cifra con 3.730 declaraciones. Estas declaraciones responsables en vigor actualmente corresponden a embarcaciones de 27 países: un 82,8% son embarcaciones españolas, un 4,8% son alemanas y un 3,8% son británicas. El resto (Croacia, Eslovaquia, Francia, Malta...) representan un 8,6%.

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