Jiménez Cisneros (derecha) junto a Ángel Bustos, responsable de Marina Formentera.
El abogado madrileño Francisco Javier Jiménez Cisneros, denunciante y uno de los principales testigos del caso Puertos, tiene demandado al Reino de España ante la Unión Europea por la modificación de la Ley de Puertos del Estado de 2014 y que, según su parecer, es contraria al derecho comunitario al limitar la libre competencia.
El propio Cisneros informó de este hecho a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ante la que compareció el 10 de diciembre de 2020 para ampliar una denuncia que había interpuesto en la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en el mes de septiembre de 2018. En aquella primera declaración está el germen del caso Puertos que en julio de 2020 derivó en la detención e imputación del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Juan Gual, y de otros directivos del organismo que gestiona los puertos de interés general del archipiélago.
La instrucción de este sumario, parte del cual permanece aún bajo secreto, ha supuesto la paralización de numerosos expedientes de concesiones administrativas en los puertos de Palma, Mahón, Ibiza y La Savina (Formentera).
Según ha podido saber Gaceta Náutica, Jiménez Cisneros pidió permiso a la juez Mora para informar del desarrollo de las pesquisas a la Comisión Europea, ya que así se lo habían solicitado por escrito un funcionario del departamento de Transportes. La magistrada advirtió al testigo de que la causa era secreta y, por tanto, no podía hablar con nadie. El abogado adujo entonces que se refería a las noticias que aparecían en los medios, a lo que la juez, mostrando su sorpresa, le contestó que lo que publicara la prensa no era una cuestión que concerniera al juzgado y que no entendía muy bien por qué, siendo jurista, le hacía esta pregunta.
Jiménez Cisneros manifestó ese día, entre otras cosas, que, a su juicio, la Ley de 2014 era «contraria a derecho» (de ahí su demanda contra España en la UE), puso en duda la labor de la abogada del Estado en Baleares, e incluso de sus superiores jerárquicos en Madrid; y acusó a los servicios jurídicos de Puertos del Estado de informar a favor de las ampliaciones de plazo sin fundamentos legales.
Francisco Javier Jiménez Cisneros, según revelaron en su día Diario de Ibiza y Gaceta Náutica, fue durante años asesor externo de la APB. En uno de los dictámenes emitidos a instancias de la APB, entonces bajo la dirección del condenado por corrupción Ángel Matías, consideró que el Club Náutico de Ibiza no tenía derecho a ampliar su concesión. Tras la redacción de este informe, una vez que la entidad pitiusa salió a concurso (mediante una competencia de proyectos), avaló la propuesta de uno de los licitadores, Club Básico 12 Millas.
La APB otorgó la concesión por 35 años al Club Náutico de Ibiza, pero el Tribunal Superior de Justicia de Baleares la anuló a instancias de una demanda, precisamente, del Club Básico 12 Millas, bajo la representación legal de Jiménez Cisneros. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de la APB contra dicha sentencia.
Denuncia fallida contra GN
Los representantes del Club Básico 12 Millas han denunciado en varias ocasiones en sus interrogatorios judiciales del caso Puertos una «campaña» por parte de Gaceta Náutica, a la que Jiménez Cisneros llegó a acusar formalmente de «revelación de secretos» por haber informado acerca de su condición de avalista de la citada entidad.
El caso fue archivado a instancias de la Fiscalía, que consideró que la noticia publicada por este medio era veraz, no revelaba información confidencial y estaba amparada por el artículo 20.1 de la Constitución Española que consagra la libertad de información.