La desalación de agua de mar para consumo humano es un proceso cada vez más necesario en zonas cálidas y con escasos recursos hídricos como el caso de Baleares. Sin embargo, esta práctica conlleva necesariamente al menos hasta el momento el vertido del desecho de la desalación de vuelta al mar, la conocida como salmuera, agua con una elevada concentración de sal, además de otros productos químicos utilizados en este proceso industrial.

Está demostrado que este exceso salino afecta en determinadas concentraciones al ecosistema en general y a la posidonia en particular. Sin embargo, no existe regulación, ni en España ni en Baleares, para determinar qué niveles de salinidad son tolerables en los vertidos ni siquiera para establecer unos controles en las desaladoras sobre las emisiones de salmuera. Como no existe regulación, resulta imposible que los vertidos de salmuera den origen a delitos ecológicos. Hasta el momento, la impunidad es absoluta.

En Baleares hay ocho desaladoras en funcionamiento: tres en Mallorca (Palma, Alcúdia y Andratx), tres en Ibiza (Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària), una en Menorca y otra en Formentera.

El pasado mes de julio se presentó en Ibiza el estudio Análisis ecocriminológico de la salmuera sobre ecosistemas acuáticos: impactos sobre la Posidonia oceánica y búsqueda de soluciones desde la justicia restaurativa, llevado a cabo por Esteban Morelle-Hungría, profesor de la Universidad Jaume I y Pablo Serra-Palao, investigador en derecho medioambiental.

Morelle argumenta: «No todos los crímenes son delito, a veces son daños ecológicos legalizados, como ocurre en el caso de la salmuera». El estudio de Morelle y Serra se ha centrado en la desaladora de Ibiza, la más antigua de las que hay en Baleares pues entró en funcionamiento en 1994. Según los datos facilitados por Abaqua, esta instalación produjo el año pasado 2,9 hectómetros cúbicos de agua desalada y vertió al mar 3,6 hectómetros cúbicos de salmuera. El emisario de Ibiza vierte ese deshecho en superficie en la costa, en la bahía de Talamanca. 

«Los valores de salinidad que aparecen después de un vertido son muy superiores a los que se establece desde el Ministerio de Sanidad u otras instituciones como admisibles», concreta Morelle.

Salinidades superiores a 39 Unidades Practicas de Salinidad PSU causan impactos negativos notables. La bibliografía científica ha concluido que al alcanzar los 45 PSU, la mitad de la posidonia murió en 15 días. En Ibiza se han detectado salinidades entre 38,4 y 39,8 PSU en la zona más cercana al emisario del vertido en la Bahía de Talamanca y se han identificado sustancias como nitratos y fosfatos en concentraciones superiores a las que hay en las aguas receptoras. «Son necesarias medidas de adaptación y de mitigación, como establecer unos valores umbral máximos y prever una frecuencia en la monitorización de los datos de salinidad del agua», argumenta Morelle.

Poyecto pionero

Problemas urbanísticos han retrasado un proyecto que podría convertir a Palma en referente mundial en el reaprovechamiento de la salmuera procedente de las desaladoras, la denominada ‘minería de la salmuera’. La empresa Pastoria es la creadora del Proyecto CiCHLO, una fábrica que aprovecharía una parte del desecho de la desaladora de la Bahía de Palma para transformarla en productos como hidrógeno, cloro y sosa cáustica entre otros. Sin embargo, el departamento de Urbanismo del Ajuntament de Palma denegó el permiso para instalar la fábrica junto a los depósitos de CLH y ahora busca nueva ubicación junto a la depuradora de Emaya.