OPINION

CARTA DE LA DIRECTORA

ELENA PIPÓ


CARTA DE LA DIRECTORA

Un peligro real para la náutica social

«No se puede proteger una especie sin antes reconocer su existencia. La ley tiene que proteger de una vez a los clubes náuticos»
ELENA PIPÓ

Nunca lo hemos ocultado. Este medio de comunicación es defensor del modelo de náutica social y deportiva que representan los clubes náuticos. Esto no quiere decir que no nos gusten las marinas. En absoluto. Pensamos que el éxito de la náutica en España se debe, en gran parte, a la combinación de ambas fórmulas de gestión (la de las empresas y la de las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro).


A partir de la anterior premisa es lógico que nos resulte preocupante la situación en la que se encuentran los clubes situados en la zona de competencia directa del Estado; o lo que es lo mismo: los clubes dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares. El informe que publicamos en las páginas centrales y que hemos decidido llevar a nuestra portada en un número tan especial como el del Salón Náutico –donde nuestra difusión alcanza sus mayores cotas anuales– no ofrece lugar a dudas. De los seis miembros de la Asociación de Clubes Náuticos (ACNB), sólo uno, el Club de Mar, tiene garantizado su futuro. Los cinco restantes o están pendientes de respuesta a sus peticiones de ampliación de plazo de la concesión (Palma y Portitxol) o están en precario (Ibiza y Mahón) o han desaparecido (Molinar de Levante). 



¿Cómo es posible que entidades cuya función social y deportiva está plenamente reconocida, que fueron pioneras de la náutica de recreo desde finales del siglo XIX y cuya fórmula de gestión se ha demostrado exitosa durante décadas estén en peligro de extinción? La respuesta no es sencilla. Cada caso es un mundo y no existe en la ley actual una solución única para resolver las diferentes situaciones. Gaceta Náutica ha moderado un debate sobre la cuestión en la última edición del Balearic Yacht Show, la feria náutica virtual que este año discurre en paralelo a la presencial, y la conclusión ha sido que, aunque todo el sector sabe lo que son y lo que hacen los clubes, la Ley de Puertos del Estado que los rige ni siquiera los define. Difícilmente se puede proteger una especie sin antes reconocer su existencia o, en su defecto, su singularidad. 



El peligro no es nuevo. El concurso del Club de Vela de Andratx que dio pie a la Ley de Puertos de Baleares en 2005 (auténtica salvadora de los clubes y marinas dependientes de la comunidad autónoma) fue un primer aviso. Luego llegaron los casos de Mahón, Ibiza y el Molinar. Sin embargo, la percepción de alerta es otra, tanto para la clase política como para los propios usuarios de puertos deportivos, desde que un informe puso en cuestión el derecho de renovación del Real Club Náutico de Palma –quizás la entidad de esta clase más emblemática de España– por un formalismo en el que ni los más avezados juristas son capaces de ponerse de acuerdo. 



Quizás, quién sabe, cada uno de los clubes actualmente amenazados pueda encontrar una solución a su medida. Lo celebraremos si así es. Pero eso no resolverá el problema de raíz que se cierne sobre estas asociaciones sin ánimo de lucro que, tras mucho trabajo  y mucha inversión no subvencionada, han logrado que la vela balear vuelva a tener representación en unos Juegos Olímpicos después de casi dos décadas. 



Los clubes seguirán en peligro mientras los textos legales sigan sin nombrarlos, definirlos y, en definitiva, protegerlos. Como dice el Tango, 20 años no son nada, y muchos de los que hoy se sienten tranquilos empezarán a hacerse estas preguntas cuando se acerque la fecha de extinción de sus  concesiones.


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