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La «tensa incertidumbre» de las concesiones en puertos del Estado

Todos los puertos bajo competencia autonómica han garantizado su futuro, algo que no ocurre en los que dependen de la APB
J.L. Miró

La náutica recreativa no existiría sin puertos deportivos. Gaceta Náutica viene prestando mucha atención a la política portuaria desde su fundación en 2002 por entender que las concesiones del espacio público (los clubes, las marinas, los varaderos) son la piedra angular del sector. 



2018 ha sido, en este sentido, un año histórico por dos motivos: en primer lugar, porque la renovación de todas las concesiones de la zona de competencia autonómica permite a los gestortes privados realizar una planificación a 30 años vista y ofrece seguridad usuarios; en segundo lugar porque, como consecuencia de lo anterior, ha quedado patente que en los puertos estatales (Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera, dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares y en última instancia del Ministerio de Fomento) será muy difícil el desarrollo en igualdad de condiciones de la náutica de recreo. 



La comparación entre lo que la Ley de Puertos de Baleares y la Ley de Puertos del Estado ofrecen al sector recreativo se resuelve en una única conclusión: mientras los puertos deportivos  del Govern balear (Ports IB) no deben preocuparse por su futuro inmediato (con la sola excepción del Club de Vela de Andratx, pendiente de la resolución de una sentencia), en la zona del Estado hay cuatro clubes náuticos históricos (Palma, Portitxol, Molinar, Ibiza y Mahón) que aún no saben, en distinta medida, qué será de ellos. En resumen: en la zona competencial de Ports IB hay paz, mientras que en la del Estado reina «una tensa incertidumbre».



INVERSIONES. La portada de Gaceta Náutica del mes julio se hizo eco de esta realidad: «El futuro de los clubes de la APB sigue sin estar cerrado. Tres marinas y un varadero han visto ampliadas sus concesiones mientras las entidades sin ánimo de lucro luchan por sobrevivir».  



La información recogía detalladamente  la situación en la que se encontraban varios de los principales puertos de Autoridad Portuaria de Baleares y revelaba que las inversiones a las que se han comprometido las marinas y varaderos que sí han podido renovar sus concesiones ascienden a 88 millones de euros, una cifra muy alejada de la que se maneja en los puertos autonómicos y que deja bien claro que la náutica de recreo es la «gallina de los huevos de oro» de la APB, a la vez que explica por qué, sin ser ésta la actividad que justifica el «interés general» del espacio portuario, el Ministerio de Fomento no quiere ni oír hablar de un eventual traspaso de competencias de las dársenas deportivas baleares a la Comunidad Autónoma. ¿Cómo iba el Estado a renunciar a semejante chollo?



Cada vez son más las voces que en privado se declaran hartas de esta «sangría» y reclaman «igualdad de condiciones y de trato» en los puertos de las Islas, con independencia de si se encuentran aislados o comparten espacio con cruceros y buques de pasaje o mercancías. Las diferencias se hacen patentes en pocas millas en la Bahía de Palma, donde dos leyes distintas (no sólo en su articulado, sino en su espíritu) rigen en instalaciones separadas por apenas una milla. El ejemplo de los clubes náuticos de Es Portitxol y Es Molinar es quizás el más representativo: ambos se enfrentan a la titánica e incierta tarea de renovar su concesión con la APB mientras sus vecinos de Cala Gamba y Can Pastilla mantienen una buena relación con sus ‘caseros’ de Ports IB y, lo más importante,  disfrutan de un ‘alquiler’ de tres décadas.



Por si la situación no era suficientemente complicada para los clubes situados en zona de la APB, este organismo ha enunciado una nueva doctrina según la cual estas entidades sin ánimo de lucro no pueden tener ningún tipo de actividad comercial. No hay reunión o encuentro con la prensa en el que no se pronuncie la frase «los clubes tienen socios, no clientes», cuando la realidad es que la Ley de Puertos del Estado no hace mención alguna a este aspecto y, de hecho, los clubes mantienen cuotas asequibles para sus socios y realizan actividades deportivas (la vela y el piragüismo federado no existirían sin ellos) gracias, precisamente, a que tienen clientes.



Se trata de un modelo sostenible que no requiere subvenciones públicas para el deporte y que lleva funcionando desde la invención de la náutica de recreo. Cliente no implica ánimo de lucro, pues éste viene determinado por el destino que se da a los ingresos. Los clubes reinvierten sus beneficios en deporte y en mantener las instalaciones, que nunca pierden la titularidad pública. En la mayoría de títulos concesionales de los clubes se establece un porcentaje de amarres en torno al 20% para embarcaciones en tránsito, o sea, para lo que la APB ahora llama «clientes». La Ley de Puertos de Baleares va aún más lejos y obliga con carácter general a que los puertos concesionados garanticen el tráfico entre las diferentes instalaciones reservando amarres para los no socios.



MARINAS. Más allá del problema de los clubes, la APB ha tenido que lidiar con el descontento de varias marinas cuyas ampliaciones de plazo de la concesión han sido rechazadas por su consejo de administración. Es el caso de Formentera Mar y Marina de Botafoch, que han recurrido la decisión, y del Pantalán de la Cuarentena, que podría salir a concurso en 2019. Las últimas noticias apuntan a que finalmente se prorrogará el contrato de Lonja Marina Charter, la estación de alquiler de barcos de Palma donde tienen su base 10 empresas de este subsector, mientras los tribunales deciden el destino de los amarres de Trapsa Yates y el Club Náutico de Ibiza y se pronuncian sobre la caducidad de la concesión del parking de La Sabina. 


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