TRIBUTOS

Los empresarios expresan en la Cámara de Comercio su indignación por la «mordida» de la APB

Las explicaciones de Joan Gual, que afirma que no tiene otra salida que aplicar el tasazo, no convencen a los responsables del sector náutico. Carlos Sanlorenzo, presidente de ANEN: “La tasa ha creado alarma empresarial y provoca una burocratización impropia del siglo XXI”. Los empresarios piden una reunión con la presidenta Armengol.
JULIO GONZÁLEZ

El enfado y la indignación en el sector náutico ante la implantación por parte de Puertos del Estado de una tasa sobre su facturación a las empresas de reparación de barcos en Baleares va en aumento.



El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella; el director, Juan Carlos Plaza; y el jefe de Explotación Portuaria del ente, Armando Parada, se han reunido esta mañana en la Cámara de Comercio de Mallorca con más de medio centenar de empresarios del sector náutico para explicarles la aplicación del nuevo impuesto.



Gual de Torrella ha descargado la responsabilidad de la implantación de la tasa en Puertos del Estado, al señalar que “la Ley de Puertos nos obliga a hacerlo”, y ha asegurado que ya se está aplicando en otros puertos españoles. Las palabras del presidente y de los técnicos de la APB han caldeado los ánimos de los asistentes que les han llegado a abuchear en alguna de sus intervenciones.



El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Carlos Sanlorenzo, se ha mostrado muy crítico con la tramitación de la nueva tasa al asegurar que “no ha habido transparencia” y ha afirmado que el impuesto ha creado “alarma empresarial y provoca una burocratización impropia del siglo XXI”.



Para Sanlorenzo, el impuesto incrementará los costes y provocará una falta de competitividad tanto a nivel nacional como internacional. Además, el responsable de ANEN ha señalado que este del Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Reparación de Buques tiene “mala calidad técnica”, lo que abre la puerta a su impugnación.



De hecho, el registro de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha recibido en los últimos días una avalancha de recursos presentados a título particular por empresarios del sector y trabajadores autónomos. Entre los errores de este Pliego de Condiciones destaca el que en él se hace referencia a la antigua Ley Protección de Datos Personales sin tener en cuenta la actual, que entró en vigor en 2018.



Algunos de los presentes, entre los que había un gran porcentaje de pequeños empresarios de nacionalidad extranjera, han solicitado a la APB una moratoria en la implantación de la tasa, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2020 y que afectará a medio millar de empresas.



Con carácter subsidiario, han solicitado al ente portuario que, a fin de reducir el impacto económico, aplique el tipo mínimo de la tasa que establece una horquilla que va del 1 al 6%. La APB ha aprobado un gravamen del 1,5% y el 2,5% del conjunto de la facturación, dependiendo de si el trabajo se ha realizado en un varadero o en un puerto deportivo.



Al término del encuentro informativo, parte del empresariado ha mostrado su intención de  solicitar una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol, pues no entienden que el ejecutivo autonómico considere a la náutica como sector estratégico pero que luego la administración ponga trabas a su desarrollo.



LA APB VETA A LA PRENSA



La presencia de Gaceta Náutica y de un fotoperiodista de El Mundo ha sido vetada en la reunión en la Cámara de Comercio "por indicación de la Autoridad Portuaria de Baleares", organizadora del acto. Este diario fue informado de que se trataba de una comparecencia pública, pero finalmente se ha impedido la entrada del redactor de GN, que ha tenido que esperar a que los convocados salieran y dieran su versión de lo sucedido.



Según las fuentes consultadas, los representantes de la APB han dejado sin responder numerosas preguntas de los afectados, aduciendo que debían ser consultadas con los técnicos. Entre ellas se encuentra una del director general de Astilleros de Mallorca, Diego Colón, quien ha interpelado a Gual, Plaza y Parada sobre si un comercio que instale un televisor en un yate estará obligado a abonar la tasa, cuestión que, según los testigos, no ha sido respondida.



Al princio de su alocución, Juan Gual ha advertido a los presentes de que no se debían dejar influir por "manipulaciones informativas", en supuesta alusión a las informaciones publicadas estos últimos días sobre la tasa en este y otros medios.