ECONOMÍA

La APB aplaza seis meses la entrada en vigor del “tasazo”

El ente portuario retrasa hasta el uno de julio de 2020 la puesta en marcha del pliego de condiciones particulares del servicio comercial de reparación y mantenimiento de embarcaciones. Numerosas empresas del sector han presentado recursos que solicitan la retroacción del procedimiento debido a sus numerosas ilegalidades.
Julio González

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) acordó en la reunión mantenida ayer por la tarde en la sede del puerto de Palma aplazar hasta el 1 de julio de 2020 la fecha de entrada en vigor del pliego de condiciones particulares del servicio comercial de reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina.


Sa Ràpita

La APB se ha visto forzada a recular y posponer la aplicación de esta tasa, que se tenía que empezar a cobrar a partir del 1 de enero de 2020, ante la indignación en el sector náutico y la avalancha de recursos presentados por empresarios del sector y trabajadores autónomos los últimos días contra este pliego.



En un comunicado, el ente portuario afirma que “considera oportuno este aplazamiento para dar una oportunidad a las empresas del sector de la reparación y mantenimiento de embarcaciones para que se adapten y puedan asumir la aplicación de este pliego, que conlleva, entre otras cosas, el pago de una tasa sobre el volumen de negocio de las actividades que realicen en zona de dominio de puerto”.



Ayer mismo, fecha en la que acababa el plazo, se presentó en la sede de la APB un recurso de reposición contra esta nueva  tasa impuesta a la reparación de embarcaciones que estaba respaldado por unas 70 empresas del sector náutico.



En él se solicitaba no sólo la suspensión temporal de los pliegos de condiciones particulares del servicio comercial de reparación y mantenimiento de embarcaciones y se pedía la retroacción del procedimiento y que se inicie de nuevo debido a sus numerosas ilegalidades.



El recurso destaca que el pliego se ha aprobado sin que se haya elaborado ningún tipo de justificación ni del coste del servicio que se pretende cubrir, ni la estimación de ingresos que se prevé, ni la justificación de la elección de la base imponible ni del tipo de gravamen.



También se infringe el artículo 113 que establece que, de manera preceptiva, debe remitirse el expediente completo a Puertos del Estado para la emisión de su informe vinculante. En el mismo artículo se establece la obligatoriedad de dar audiencia a las organizaciones sindicales más representativas, así como a las asociaciones de operadores y usuarios, para lo cual se les debe remitir el expediente completo, con anterioridad a la aprobación de los pliegos, algo que en este caso no se ha realizado.



Además, el pliego se remite a normativa derogada en materia de protección de datos, carece de memoria económico financiera y de sostenibilidad económica, cuya omisión produce vicio de nulidad de pleno derecho.