OPINION

Lamentable e imperdonable: un drama contemporáneo en dos actos

El autor analiza la polémica tasa a las empresas de reparación de barcos impuesta por Puertos del Estado: "Hace que los inversores o yates de charter no quieran venir a España a sufrir la inseguridad jurídica que ya conocemos"
OSCAR SICHES

 



Acto 1. Lamentable



Actitudes como la de la APB esta pasada semana hacen que los inversores o yates de charter no quieran venir a España a sufrir la inseguridad jurídica que ya conocemos y que habiéndola sufrido por tanto tiempo nos va creando, sin que lo notemos, un síndrome de Estocolmo que nos ayuda a no amargarnos día a día. Quienes están a cargo de la administración pública deben actuar según las leyes que los rigen, pero hay maneras y maneras (aunque no quieran admitirlo) y diferentes contextos, y eso no se tiene en cuenta por conveniencia (comodidad) o falta de interés. En nuestro caso, no hay leyes específicas para la náutica (solicitadas hace mucho), y se nos aplica la normativa para buques, que es como si para los patinetes eléctricos se aplicara la ley de tráfico para camiones.



Lo monolítico de las administraciones del Estado en los países latinos es cosa sabida y aceptada con resignación. Hoy, con la mayoría de los trámites y archivos digitalizados, todavía funciona mejor conocer a un funcionario en el departamento correspondiente que cumplir con cada paso del trámite en forma, contenido y tiempo. Difícil es lidiar con un sistema que protege a sus miembros por haber llegado y no por sus méritos, conocimientos o liderazgo. La política endogámica de nuestro tiempo crea y mantiene una coraza inexpugnable (con muy pocas excepciones) donde el de a pie no tiene cabida.



Se oyen (y sufren) demasiados "porque a mi me parece" y "porque yo lo digo". Democracia y representación del pueblo son términos manipulados y que, sin llegar a ser un engaño en toda regla, se utilizan para pasar un mensaje ambiguo "pero que suene bien".  Otra parte de mi lamento es la poca memoria. Hoy dicen veo y mañana declaran ceguera de nacimiento.  En la conferencia sobre el futuro de los superyates que tuvo lugar en el hotel Saratoga el 15 de octubre pasado comenté que había que aceptar que el presidente debía obedecer a Puertos del Estado por pertenecer a esa organización, y que a veces no podía hacer todo lo que quisiera aquí en Baleares. 



El presidente me corrigió inmediatamente: que estaba muy equivocado, que la APB tenía total independencia de Puertos del Estado y que él decidía lo que le parecía bien.  El martes 17 de diciembre, en la reunión que tuvo lugar en la Cámara de Comercio con unos 50 representantes de la industria náutica de Baleares y cuatro cargos de la APB, entre ellos el presidente, éste manifestó que Puertos del Estado "le obligaba a cobrar la tasa".   63 días entre "soy independiente" y "me obligan". Que yo sepa, Puertos del Estado no ha cambiado, en estos 63 días, su protocolo con las 28 Autoridades Portuarias ni con los 46 puertos del Estado que gobiernan.



No sé qué provocó el cambio que sufrió el Sr. Guall de Torrella entre su gestión como presidente de la Cámara de Comercio y la actual en la APB. Mientras estuvo en la Cámara se interesó por las necesidades de la náutica, creó estudios de la influencia económica de la náutica en Baleares, ayudó a la organización de la Superyacht Regata en 2007 (la de 54 participantes de mas de 30 metros), llevó de la mano a AENB y AEGY a Madrid y les abrió puertas en Fomento.  Yo casi no lo reconozco, aunque es verdad que al ser un cargo político el que ahora ostenta debe cumplir con lo que le digan "de arriba".   Si bien todo esto tiene algo de subjetivo, pasemos a hechos en el segundo acto.



Acto 2. Imperdonable



Que nos guste o no nos guste, la APB se rige generalmente por la ley (cuando no se equivocan de ley) y lo que hacen no es ilegal, sino, en nuestro caso, mal fundamentado, falto de conocimiento, y bastante chulo al amparo de las ventajas del funcionariado (especialmente el de dirección), al que nunca se le exigen pruebas de buena gestión ni eficiencia.



El martes 17 de diciembre de 2019, las autoridades de la APB prohibieron la entrada de un periodista a la sala donde se reunían representantes de la industria náutica, en la Cámara de Comercio. Por eso he dicho "se rigen generalmente por la ley". Porque esta vez, han metido la pata en arenas movedizas.



No me esperaba esta chulada. Espero que no quede así, como anécdota. Que no se tema a las posibles represalias y este hecho no quede tapado.



Vamos con algunos detalles. La mención de la ley de protección de datos en el pliego que nos ocupa no es la correcta. Se jactan (Web APB) de gestionar los documentos según la ISO 30130 y escanean (mal) fotocopias en vez de escribirlos en PDF para su mejor distribución, como dicta la norma. Sobre las garantías (Pagina 21, capitulo 18), dice: "la garantía se constituirá en metálico, o en aval bancario", cuando pagos de mas de 2.500 euros en metálico están prohibidos por Hacienda desde 2012. Esto demuestra la adicción al "copia y pega", además del poco interés en revisar el texto antes de hacerlo público.  ¿Grave?  No. ¿Insultante? Si.  Es lo mismo que si nos entregaran el documento manchado con café y mantequilla. Lo de siempre: poco interés, que en la APB están para cosas más importantes. Sugerí que incorporaran la ISO 8666 sobre medidas de yates para que todo el mundo trabajara sobre la misma base, pero envían a los celadores a medir los barcos en los amarres sin ninguna instrucción sobre cómo hacerlo.



Y hay otra cosa a la que no se le ha prestado mucha atención y que creo que les define perfectamente: Capítulo 6.3 Autorizaciones. En el párrafo "Con efecto sobre los tres tipos de autorizaciones” dice: "la administración adoptará las medidas oportunas para resolver las solicitudes en el menor plazo de tiempo". Y sigue:  "en cualquier caso, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido para efectuar dicha resolución, el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio de la solicitud". Les voy a traducir lo que esto quiere decir si hablaran claro: si la APB tarda en dar el permiso, hay que esperar. No hay límite de espera ni reclamo posible.



Esto es una herramienta típica de la APB. En las concesiones de puertos deportivos pueden pasar meses para la otorgamiento de un permiso de obra.  El tiempo es una herramienta formidable y APB sabe utilizarla como método de presión.



Las autorizaciones se hacen efectivas mediante su aprobación por el consejo, que se reúne una vez por mes a cobrar sus dietas (presidente, secretario y director no cobran), la mayoría del resto no sabe de qué va. Hay unas 500 empresas de náutica en Palma solamente. De estas, aproximadamente la mitad deberán cotizar, ya que el resto no está incluido en la definición de empresa de reparaciones citada por la APB. Con la cantidad de documentos que solicitan (otra barbaridad burocrática), y los recursos de la APB (siempre los mismos pocos atiborrados de trabajo mientras el resto ejerce su señoría), serán meses los que hagan falta para autorizar a todos. Y gracias al capítulo 6.3, pues a esperar sin chistar.



¿No sería mucho mejor trabajar juntos?  Yo me ofrezco voluntario sin remuneración.



Poder, se puede.