ENTREVISTA

Sanlorenzo: «La tasa dejaría a Baleares fuera del mercado»

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Carlos Sanlorenzo, es una de las voces más críticas con la nueva tasa aprobada por la Autoridad Portuaria de Baleares. El responsable de la patronal náutica remarca que la medida tiene un claro afán recaudatorio y dañará al sector.
M.P.

Pregunta.– ¿Por qué las patronales de Baleares votaron a favor de la tasa y luego han tenido que rectificar para pedir la moratoria? 

Respuesta.– Desconozco los motivos, pero, en cualquier caso, no creo que tuvieran constancia de su trascendencia ni de su contenido exacto cuando procedieron a su voto. Probablemente se debió a un error motivado por falta de conocimiento que confío no vuelva a suceder. Desde entonces, sí hemos de decir que tanto Cámara de Comercio como CAEB se han volcado con el sector.


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P.– ¿Planteará ANEN alguna enmienda o recurso para la supresión o  bonificación de la tasa? 

R.– ANEN, junto con AENIB y el Clúster Marítimo Balear, asociaciones que cuentan con la mayor representación de empresas náuticas afectadas por esta nueva normativa, han solicitado una moratoria de la entrada en vigor del pliego con dos objetivos: rebajar la tasa al tipo mínimo que establece la ley (1%), y que no se eleven, como pretende la APB, del 1,5 al 3,5 en función de quién desempeña la actividad y del lugar o instalación marítima donde se desarrolla la misma (máxime cuando es la propia APB quien manifiesta que no tiene un afán recaudatorio). También pedimos que se aligere el carácter burocrático de la norma y se aclaren las  múltiples dudas interpretativas que todavía no han sabido responder los técnicos de la APB. Mantenemos la posibilidad de plantear las acciones pertinentes si fueran necesarias, pero confiamos en la predisposición de la APB. Desde el punto de vista jurídico el texto adolece de relevantes patologías.

P.– ¿Qué consecuencias puede tener una tasa de estas características para la industria náutica?

R.– Este gravamen situaría a las empresas náuticas baleares de reparación y mantenimiento fuera de la competitividad del mercado mediterráneo e incluso fuera de la competitividad con territorios de nuestro país adscritos a otras autoridades portuarias. También tendría consecuencias sobre el  empleo generado en las Islas Baleares por la actividad de la náutica de recreo (en general), que alcanza casi 3.000 puestos de trabajo, y que podría caer como consecuencia del descenso de la productividad de las empresas afectadas. Del mismo modo que se vería afectada la productividad de las empresas náuticas de las Islas Baleares (171 millones de euros de valor añadido), que es la segunda comunidad autónoma con mayor impacto económico de la náutica de recreo española. 

P.– ¿Tiene sentido esta tasa de actividad?

R.– No podemos discutir que su desarrollo y validez está respaldada por la Ley de Puertos del Estado pero también es cierto que la gran mayoría de las Autoridades Portuarias no han adoptado esta medida por lo que considero pierde toda la fuerza cuando se nos pretende hacer ver por parte de la APB que lo que se quiere es «cumplir la ley». Desde las asociaciones náuticas que representamos a las empresas afectadas por esta normativa, entendemos que la medida tiene un claro afán recaudatorio y que las consecuencias, como comentamos en la pregunta anterio, serían muy negativas para el subsector de reparación y mantenimiento náutico de Baleares. 

P.–¿Qué importancia tiene en Baleares y en el conjunto de España la actividad de reparación y mantenimiento? ¿Cuántas empresas hay de este tipo y cuántos empleos generan?

R.– Según el Informe de Impacto Económico de la Náutica de Recreo en España (2017), que publicó y presentó ANEN durante el VI Congreso Náutico (celebrado en Palma en 2017), y que realizó la Universidad Complutense de Madrid, en términos económicos y a nivel nacional, el subsector más importante de la náutica de recreo es el de construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones, que incluye principalmente empresas que realizan actividades de reparación y mantenimiento y un reducido número de astilleros. Este subsector está integrado por más de 1.000 empresas que generan unos 7.300 empleos, ingresos de explotación cercanos a los 850 millones de euros y un valor añadido superior a los 310 millones de euros.