SECTOR NÁUTICO

LAS BLABLACAR DEL MAR

Ecomomía colaborativa sin control

Nuevos portales de Internet favorecen el alquiler de embarcaciones entre particulares ofertando barcos no autorizados para el charter
JULIO GONZÁLEZ

La economía colaborativa se ha colado en nuestras vidas sin que nos demos cuenta y la náutica no ha sido ajena a este fenómeno que dice utilizar la tecnología en beneficio de los usuarios.

La implantación de este tipo de plataformas no ha estado exenta de polémica y problemas. Todos hemos visto, y en algunos casos sufrido, las huelgas de taxistas contra Uber que se registraron en varias ciudades europeas, mientras que los gobiernos y ayuntamientos tratan de regular y controlar la oferta de portales como Airbnb, que han aprovechado cierto vacío legal para poner en el mercado del alquiler turístico viviendas al margen de la ley.

«La Blablacar del mar». Así se presenta uno de estos portales que acaba de desembarcar en España. A principios de marzo, Sailsquare contactó con este medio para anunciar que empezaba a operar en nuestro país. Se trata de una web que permite reservar vacaciones en velero organizadas por patrones locales, de hecho, en la web de Sailsquare no aparece la palabra chárter por ninguna parte. En teoría, esta «start up», creada en 2013 y que cuenta con oficinas en París y Milán, nació para compartir gastos de navegación y en su web ofrecen vacaciones, experiencias y aventuras aunque en la práctica se trata de alquiler de embarcaciones. Las ofertas son publicadas por los propietarios de los barcos y la empresa se lleva una comisión por cada reserva.

Desde Sailsquare afirman que cuentan con un equipo de cinco personas que se encarga de incorporar a los nuevos patrones a la plataforma y verificar que tengan toda la documentación y titulación en regla. Sin embargo, este periódico ha podido comprobar que la actual oferta en las Islas Baleares de su web está formada por embarcaciones de pabellón extranjero e incluso por alguna española matriculada en lista séptima. En el caso de esta última estaríamos supuestamente ante un alquiler ilegal, pues estos barcos se pueden destinar única y exclusivamente a fines no comerciales, mientras que los veleros de bandera no nacional pueden realizar chárter en España siempre y cuando su pabellón de origen sea comercial, la empresa esté dada de alta en Hacienda y el patrón cumpla con sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social en nuestro país. 

Esther Nieto, responsable de Sailsquare en España, explica que «trabajamos con miles de patrones profesionales locales, así como compañías chárter en muchos lugares en todo el mundo. Ahora acabamos de abrir la plataforma para viajeros españoles, con los patrones que ya estaban registrados previamente, y estamos a punto de abrirla también para patrones españoles que, por supuesto, tendrán que cumplir con la regulación correspondiente, incluyendo la lista sexta para las embarcaciones».

Por su parte, José María Jiménez, responsable de chárter de la patronal APEAM, lamenta que «nos encontramos una vez más con una nueva empresa que ofrece embarcaciones de charter sin la debida autorización. La noticia aunque no sorprenda nos indigna de igual modo que ha ocurrido tantas veces».



Para atajar este problema, Jiménez aboga por que el Govern modifique el régimen sancionador a la mayor brevedad para intentar acabar con esta práctica que tanto daño hace a la náutica balear, pues masifica nuestras costas y no tributa. «Disuadir y castigar a los infractores es la única salvación del sector balear», señala el empresario.

El Govern de las Illes Balears ha creado un registro público para consultar los barcos autorizados que se dedican al chárter náutico en el que están inscritas cerca de 2.800 embarcaciones. Además, la Dirección General de Puertos y Aeropuertos está tramitando la modificación del régimen sancionador solicitada por el sector que obligará a todas las comercializadoras de chárter a comprobar la autorización correspondiente de los barcos.

El acceso al registro permite a los clientes, empresarios del sector, así como a miembros de los cuerpos de seguridad y de la Agencia Tributaria, asegurarse de que los propietarios de los barcos han presentado la correspondiente declaración responsable para ser arrendados. 

Según explica Xavier Ramis, director general de Puertos, esta modificación de la ley no está aprobada y como solo restan dos sesiones parlamentarias será difícil que salga adelante antes del inicio de la temporada pero es un compromiso adquirido por el Govern y el sector náutico que queda pendiente.

«Con la modificación que hemos propuesto, la plataforma será responsable de que toda la oferta que publicita se ajuste a la legalidad, además se incrementará la cuantía económica de las sanciones». Ramis aclara que el objetivo de esta medida no es recaudatorio, sino que «lo que queremos es mayor seguridad y transparencia tanto para los usuarios, que saben a quién deben reclamar, como para las empresas».

 


RCN Port de Pollença

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