PUERTOS

TRIBUNALES

El fiscal pide 10 años de prisión para el socialista Francesc Triay por la corrupción en la APB

Acusa al histórico dirigente del PSOE de participar en el amaño de concursos. Reclama penas que suman más de 18 años para Ángel Matías, antiguo director de los puertos de Baleares. También acusa a Gerardo Díaz Ferrán y solicita para él 3 años y 6 meses.
JOSÉ LUIS MIRÓ

La Fiscalía de Baleares solicita penas que suman 10 y 18 años de prisión para el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) Francesc Triay (PSOE) y para el ex director de este organismo Angel Matías, respectivamente, por supuestos delitos de corrupción relacionados con la adjudicación de concursos públicos. En su escrito de acusación, el Ministerio Público también reclama 3 años y 6 meses de cárcel para el ex presidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán por su presunta participación en los hechos.



Con carácter general, el fiscal anticorrupción Juan Carrau asegura que los acusados en el sumario del llamado caso Mar Blau (un total de 12, entre políticos, funcionarios y empresarios) “se concertaron para llevar a cabo diversas actuaciones que evitaban cumplir la legalidad sobre contrataciones públicas, al tiempo que suponían un favorecimiento a determinadas empresas y personas”.



Según la tesis de la Fiscalía, Francesc Triay, histórico dirigente socialista en Baleares que llegó en su día a optar a la presidencia de la comunidad autónoma, habría participado “activamente” como presidente de la APB en varias reuniones donde se decidieron los arreglos ilegales de los concursos de los puertos deportivos del Club Marítimo de Mahón e Ibiza Nueva.



No osbtante, el personaje central de la trama, tanto para el juez instructor como para el fiscal, es el antiguo director de la APB Angel Matías Mateos, al que la acusación pública implica en todas las piezas del rompecabezas del caso Mar Blau y atribuye, entre otras cosas, haber recibido dádivas de la empresa Dragados y haber facilitado información privilegiada al empresario radicado en Ibiza Ángel Bustos sobre el concurso público en el puerto de la Sabina que éste se terminó adjudicando.



Además de las penas de prisión, Carrau pide al tribunal que declare nula dicha adjudicación, así como que la empresa de Angel Bustos reintegre los 4 millones de euros con los que fue indemnizado por la propia APB después de que la Sala de lo Contensioso Administrativo del Trubunal Supremo declara nula la valoración de las ofertas.



El Ministerio Público comparte los argumentos del juez instructor respecto a los numerosos delitos supuestamente perpetrados por la docena de acusados en el caso Mar Blau, entre los que se encuentran ex dirigentes de la empresa Trapsa Yates, como Juan Carlos Rodríguez Toubes, antiguo presidente de esta sociedad y persona muy cercana a la Familia Real española, y un ex asesor jurídico de la Autoridad Portuaria.