PUERTOS

EXCLUSIVA

La APB guarda siete millones de euros públicos para pagar indemnizaciones

La Intervención General del Estado detecta un aumento del 40% en la provisión de fondos de Puertos para ejecutar sentencias y negociar compensaciones a empresas privadas
MALLORCA PRESS

La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado un importante incremento en las provisiones de fondos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para hacer frente a eventuales indemnizaciones. l organismo portuario pasó de inmovilizar con este fin 4.148.862 de euros en 2017 a 6.826.843 en 2018, casi un 40% más.

Las últimas cuentas de la APB publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) corresponden al ejercicio 2018 y revelan la existencia de varios procedimientos judiciales en curso o ya sentenciados que podrían suponer un importante quebranto para el ente que preside Juan Gual y dirige desde 2013 el ingeniero de caminos Juan Carlos Plaza. 



Una de las demandas aún no falladas en el momento de la auditoría fue interpuesta por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las sociedades Copcisa y Construcciones Olives, que acusan a la APB de “incumplimiento contractual” y reclaman 1.939.059 euros correspodientes a sobrecostes soportados en la construcción de los atraques para grandes buques del puerto de Palma. La Autoridad Portuaria no está de acuerdo con la cantidad solicitada, si bien inmoviliza 1.040.169 euros por si pierde el pleito y finalmente tiene que indemnizar al contratista.



Otro asunto que pende sobre la APB es la sentencia del Tribunal Supremo que la anula las tarifas de los servicios de remolque de los puertos de Palma, Ibiza y Mahón. La demanda fue interpuesta en en 2016 por la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que en cualquier momento -si no lo ha hecho ya- puede instar la ejecución de la resolución judicial y solicitar la devolución del importe de las tarifas aprobadas en 2013. La cantidad a abonar se estima en más de un millón de euros.

También se ha guardado una partida de 750.000 euros para indemnizar a la empresa que presentó el proyecto para la construcción de un puerto deportivo en el Polígono Naval de Alcúdia, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) anulara los pliegos del concurso a petición del ayuntamiento de la localidad. La idea, aprobada en su día por la APB, era crear una nueva dársena deportiva que a su vez permitiera mejorar la imagen deteriorada de la zona, donde se acumulan embarcaciones abandonadas tras una verja que impide el acceso al mar. 



La APB tuvo asimismo que pagar en 2018 una indemnización de 191.753 euros a la empresa que ganó el concurso para construir un mercado gastronómico en la plaza de San Telmo del puerto de Palma, frente a la lonja de pescadores. En este caso no hubo fallo judicial, ya que la entidad pública portuaria y la sociedad perjudicada llegaron a un acuerdo. El concurso fue anulado por la propia APB tras el cambio de gobierno autonómico de 2015, cuando Juan Gual decidió que la zona debía ser “esponjada” y consiguió el soporte del Consejo de Administración para renunciar al proyecto, previamente aprobado, de construcción de un mercado, aun a sabiendas de que habrá que indemnizar a la empresa del concurso por los gastos de tramitación del proyecto.


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