PUERTOS

TRIBUNALES

Un ex jefe de Puertos acusa a la APB de «parcialidad y sectarismo» en un concurso

Fernando Palao, histórico alto cargo del PSOE, firma la pericial de la demanda de Bustos contra la adjudicación de Botafoch
MALLORCA PRESS

Fernando Palao, presidente de Puertos del Estado entre 1982 y 1996, ha firmado un informe como perito judicial en el que sostiene que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha favorecido «ilegítimamente» a la empresa ganadora del concurso convocado para la gestión de la marina ibicenca de Botafoch, según informa El Confidencial.



El dictamen, que ha sido adjuntado a la demanda presentada por la empresa Servicios Portuarios de Botafoch contra la resolución del Consejo de Administración de La APB, vierte graves acusaciones contra el ente público balear, al  que recrimina haber sido «parcial y sectario», haber incurrido en «numerosos incumplimientos del pliego de bases», haber cometido «gravísimos errores impropios de técnicos avezados» y haber actuado por «motivos oscuros y espurios».



La noticia, publicada en exclusiva el pasado 18 de noviembre, ha provocado un auténtico seísmo en el sector portuario de Baleares y su eco ha resonado en el mismísimo Consolat de la Mar. Fernando Palao estuvo al frente de los puertos de interés general españoles en todos los gobiernos de Felipe González y está considerado como un alto cargo histórico del PSOE. De hecho, durante la etapa de Rodríguez Zapatero se le encontró acomodo como secretario de Estado de Transporte. La situación es cuando menos llamativa: un socialista de toda la vida avala la demanda de un empresario contra una autoridad portuaria cuyo presidente, Juan Gual de Torrella, ha sido elegido y designado por la socialista Francina Armengol.



El empresario en cuestión no es otro que Angel Bustos, consejero de Marina Formentera, absuelto por prescripción en el sumario Mar Blau pese a estar acreditado que obtuvo la concesión de este puerto en La Savina gracias a la información privilegiada que le facilitaron funcionarios de la APB.



La demanda de Bustos defiende la tesis de que el puerto ibicenco de Botafoch fue adjudicado irregularmente a Ocibar, empresa de la que, por si la situación no era suficientemente rocambolesca, el litigante es socio en un negocio de gestión de boyas llamado Pitiusa de Ecología, surgido a raíz de la prohibición de fondear en zonas protegidas.



Fuentes portuarias consultadas por GACETA NÁUTICA se muestran sorprendidas tanto por el hecho de que Bustos pleitee contra la APB perjudicando a un socio suyo como por el tono en que lo ha hecho, a través del duro informe pericial de Fernando Palao.



Los párrafos textuales de dicho dictamen recogidos por El Confidencial son «poco menos que una acusación de prevaricación», aunque estén contenidos en una demanda contenciosa administrativa, señalan las mismas fuentes.



La figura de Fernando Palao no está exenta de sombras y controversias. Su nombre aparece en la lista de 24 imputados por el caso Musel, una investigación del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en la planificación, adjudicación y desarrollo de las obras de ampliación del puerto de Gijón, según recoge una información de la Voz de Asturias.



El sobrecoste de la citada reforma fue de un 30% y disparó el precio de la inversión pública hasta los 830 millones de euros. La juez Carmen Lamela rechazó archivar el sumario hace más de un año al apreciar «indicios racionales de criminalidad» en la actuación de altos cargos portuarios, entre ellos el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach; su director, José Luis Díaz Rato; el abogado del Estado José María Alcoba; el ex presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y el propio Fernando Palao, quien, como se ve, compagina su estatus de sospechoso de corrupción con la labor de perito judicial.



ESTRECHO COLABORADOR DE CISNEROS



Fernando Palao es ingeniero de caminos, canales y puertos. Su vinculación al Partido Socialista se remonta a 1982, cuando fue nombrado director general de Puertos y presidente de Puertos del Estado, cargo en el que permaneció durante los 14 años en que Felipe González ocupó la presidencia del Gobierno. Con posterioridad a esta etapa ha ejercido como asesor del PSOE en el Congreso y el Senado en todos los asuntos relacionados con puertos, según consta en un perfil de la Asociación Nacional de Agentes Marpol (ANAM), donde se le denomina el «maestre portuario» y se revela su estrecha relación con el abogado madrileño Francisco Javier Jimémez-Cisneros, cuyo despacho está detrás de al menos media doce de demandas contra adjudicaciones y ampliaciones de plazo concedidas y autorizadas por la Autoridad Portuaria de Baleares.



100.000 METROS DE PUERTO EN IBIZA



El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) aprobó el pasado 28 de junio proponer a la empresa Ocibar para la gestión de amarres y locales comerciales en el puerto de Botafoch por un período de dos años, prorrogable a un año más. La propuesta de esta empresa fue considerada por la APB como la solución más ventajosa para el otorgamiento de una autorización administrativa para la explotación de una superficie de 45.089 metros cuadrados de espacio en tierra, sobre la que se levantan una serie de edificaciones destinadas a usos comerciales y 52.826 metros cuadrados de espejo de agua, en el que se presta servicio de amarre a 432 embarcaciones distribuidas en cinco pantalanes. Dicha decisión es la que ahora ha sido objeto de recurso por parte de Servicios Portuarios de Botafoch, empresa vinculada a Ángel Bustos. Al concurso se presentaron siete propuestas. La mejora ofertada por Ocibar asciende a 3.596.332,90 euros anuales. La tasa de ocupación a mejorar por los licitadores era de 2.307.533,78 euros por temporada. El total de tasas más las mejoras asciende a la cantidad de 5.903.866 euros, más el cuatro por ciento del volumen de negocio. También está pendiente de resolución en los tribunales una demnada interpuesta por el anterior concesionario, Marina Botafoch, en la que se alega que la negativa a conceder la ampliación del plazo de concesión fue contraria a derecho y, por tanto, no debió convocarse el concurso


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