CONCESIONES

Dos propuestas para el muelle de las gaviotas del puerto de Palma

Veinte empresas del sector de la reparación de yates anuncian un proyecto alternativo al de Astilleros de Mallorca para convertir la zona de la Estación Marítima número 1 en un gran varadero de reparación y mantenimiento de barcos
J. L. Miró/ J. González

Es la última perla del puerto de Palma, la mayor y más importante concesión que le resta por cerrar a la Autoridad Portuaria. Hasta hace un mes se daba por hecho que la adjudicación sería para Astilleros de Mallorca, después de que esta empresa presentara una solicitud de competencia con un ambicioso proyecto para convertir la zona de la Estación Marítima número 1 (conocida popularmente como «el muelle de las gaviotas) en un gran varadero de reparación y mantenimiento para yates de hasta 5.000 toneladas. 


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La situación cambió radicalmente el pasado 18 de febrero, cuando 20 empresas de reparación y mantenimiento de yates radicadas en Mallorca anunciaron públicamente la presentación de un proyecto alternativo en el que se propone que la zona sea una prolongación del sistema de «varadero abierto» de Servicios Técnicos Portuarios (STP), cuya actual concesión linda con la explanada en disputa.

La irrupción en escena de los 20 empresarios y su propuesta trastoca no sólo los planes de Astilleros de Mallorca, sino los de la APB, que quiere remodelar el Muelle Pesquero y convertir la sede actual de la histórica empresa fundada en 1942 en un museo marítimo.  El organismo portuario contaba con cerrar la operación en unos meses ante la ausencia de competidores a la única propuesta que tenía sobre la mesa. Astilleros de Mallorca, por su parte, esperaba poder trasladarse a la explanada de la Estación Marítima número 1, donde actualmente operan los ferrys, mucho antes del final de su vigente concesión de 25.000 metros cuadrados, la cual expira en 2027.   

El consejero delegado de Astilleros de Mallorca, Diego Colón de Carvajal, sostiene que Baleares no se puede permitir el lujo de renunciar al negocio del mantenimiento de los megayates. «No atender a las grandes esloras repercutiría en todo el sector», declara el empresario. Su proyecto ofrece una capacidad de varada de  5.000 toneladas a través de un sistema de synchrolift, frente a las 1.000 del travelift con el que opera STP en el Moll Vell.

Alex Casares, propietario de Grupo Barco y portavoz autorizado de los empresarios que apoyan el proyecto alternativo, asegura, por el contrario, que la creación de un gran varadero gestionado por una sola sociedad (en lugar del sistema «abierto» que ofrece STP) supondría el fin de las pequeñas y medianas empresas que han florecido en los últimos años en Mallorca.

Las visiones de un mismo negocio no pueden ser más contrapuestas: Colón cree que el modelo de «responsabilidad centralizada» de Astilleros de Mallorca no perjudica a las «industrias auxiliares» y prevé, incluso, que éstas verán aumentado su volumen de negocio; Casares insiste en que si la náutica de recreo se ha convertido en un sector estratégico, ha sido gracias a la posibilidad de que autónomos, pequeños y medianos empresarios puedan disponer de un espacio  en el puerto donde el concesionario tan sólo se ocupa de la varada y permite a los proveedores trabajar libremente. El empresario explica que STP tiene en su varadero una lista de espera de cinco meses. «Las empresas estamos perdiendo clientes que no quieren esperar o nos tenemos que ir a trabajar a varaderos de la península», añade.

Las dos partes no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en la extensión del espacio que ocuparía la concesión solicitada por Astilleros de Mallorca. Colón habla de 68.000 metros y Casares dice que son casi el doble, 120.000, si se incluye la lámina de agua.

La Autoridad Portuaria de Baleares se limita, de momento, a describir el procedimiento en curso: «En el caso que nos ocupa, una iniciativa privada presenta un proyecto a llevar a cabo en zona de dominio pública. La APB lo considera apropiado e inicia un trámite de competencia de proyectos, mediante anuncio público y dando un plazo para que se presenten otras ofertas si están interesadas. En caso de presentarse, la Ley permite continuar con la competencia de proyectos o bien convocar un concurso. De momento, la APB esperará como mínimo a la fecha límite de presentación de otras solicitudes para pronunciarse».

El plazo del que habla el ente portuario concluye el 8 de marzo. En el momento de escribir estas líneas no tenía conocimiento de la existencia de un segundo proyecto más que por lo que publicado en la edición digital de este periódico.