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El Govern quita las tasas a las navieras durante el estado de alarma

La medida afecta solo a los puertos de gestión autonómica pero el ejecutivo presidido por Francina Armengol ha solicitado al Ministerio de Transportes que la APB aplique la misma medida en los puertos de su competencia
Julio González

El Consell de Govern ha aprobado hoy eximir del pago de tasas portuarias a las navieras de los barcos de pasajeros de transporte rodado y barcos de pasajeros que presten servicio de línea regular con destino a puertos de competencia autonómica.


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El ejecutivo autonómico también ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que autorice la Autoridad Portuaria de las Baleares (APB) a aplicar la misma medida en los puertos de su competencia ubicados en las Islas Baleares, mientras dure el estado de alarma.



Además, el Govern ha acordado una serie de medidas de protección para las personas en relación con las entradas y salidas en los puertos de las Islas Baleares. En concreto, los conductores de los camiones de mercancía que embarquen desde el puerto de origen hasta el destino final tienen que viajar toda la travesía dentro de una cabina individual asignada que deberá ser desinfectada adecuadamente. En el momento de acceder al barco, la naviera tiene que suministrar la manutención de los conductores mediante un picnic.



El Govern ha suprimido las tasas a las navieras porque en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establecieron una serie de medidas de especial protección con relación en las entradas y salidas en los puertos  de las Islas Baleares que afectan directamente  a la capacidad de barcos y aeronaves, dado que supone una drástica limitación de plazas.



Estas medidas podían ocasionar, a juicio del Govern, problemas para garantizar la mínima conectividad entre islas y el ejecutivo señala que es preciso asegurar la movilidad de las personas en los supuestos permitidos que se prevén en el Real Decreto y en la Orden ministerial, y garantizar el suministro adecuado de las mercancías.